El tono no fue agrio pero unos y otros se echaron en cara sus respectivos desplantes. El conseller de Educación, Vicent Marzà, recibió ayer en Valencia junto al secretario autonómico, Miguel Soler, a los representantes de los padres de alumnos de los colegios concertados de toda la Comunidad, Julia Llopis y José Antonio Rodríguez, presidenta y vicepresidente de Concapa respectivamente. Y 45 minutos bastaron para certificar una absoluta falta de sintonía.
Marzà ha iniciado una ronda de encuentros con todos los sectores educativos para invitarles a participar en la próxima Ley Integral Valenciana de la Educación que, como repetidamente ha declarado, espera elaborar fruto de un amplio consenso. Pero con los padres de alumnos de los centros concertados no va a poder contar.
Ayer mismo los representantes del sector rechazaron el ofrecimiento por considerarlo «un paripé». Julia Llopis echó en cara al máximo responsable educativo de la Comunidad que «solo nos llaman ahora para cubrir el expediente».
Aseguran haber solicitado al conseller repetidas reuniones que no han sido atendidas «y en un año solo ha reunido una vez a la mesa de padres. No cuenta con las familias así que no vamos a hacer ahora su trabajo».
Mientras Llopis afeaba al conseller su «falta de respeto» a la enseñanza concertada por «no permitir la libertad de elección de centro y suprimir aulas con demanda», Marzà no le fue a la zaga y recordó la «salida de tono» que a su juicio protagonizaron estos mismos representantes de padres en la última visita del conseller a Alicante en el Foro INFORMACIÓN, levantándose con pancartas críticas a su política educativa y saliendo de la sala.
«Le he dicho que si no le gusta lo que hacemos, que coja el teléfono y nos cite porque nuestros alumnos se han quedado sin plaza en sus centros después de toda la etapa escolar, mientras el TSJ está obligando a Educación a dar marcha atrás en la supresión de aulas concertadas».
Llopis no olvida que el conseller ofreció al sector participar en el proceso de la planificación escolar previo a la admisión de alumnos. «Ofreció diálogo, pero no recogió ninguna de nuestras aportaciones y ahora quiere utilizarnos para un consenso ficticio sobre una Ley de Educación».
Moragues
Por su parte, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, considera improcedentes las declaraciones de la vicepresidenta, Mónica Oltra, respecto a que un tribunal no puede ser una segunda cámara, en alusión a los últimas autos del TSJ sobre el plurilingüismo que ha paralizado cautelarmente y la supresión de aulas concertadas en el mismo sentido. «Los responsables políticos deben acatar las decisiones judiciales», sentencia Moragues.
