La Conselleria de Educación ha dado una nueva vuelta de tuerca a su tensa relación con los centros concertados al incluir una exigencia económica en la orden que desarrolla el decreto de renovación de los conciertos. Por primera vez se contempla que los colegios deberán adelantar mensualmente el pago de la Seguridad Social de los profesores contratados, que Educación reintegrará como corresponde, aunque no fija un plazo concreto para ello.
La medida se puso ayer sobre la mesa ante la comisión de seguimiento del decreto de conciertos y el sindicato docente mayoritario en el sector, Fsie, se apresuró a reclamar entre sus alegaciones «que no se lleve a cabo».
«Es lo que más nos ha llamado la atención, que los centros tengan que pagar la Seguridad Social o más bien que adelanten ese dinero a la Administración», indica el delegado sindical por Alicante, José Gabriel Alfonso.
La conselleria adopta esta medida para profundizar en el control de los centros, pero desde el sector se considera como un nuevo ataque.
Coste
Según los datos aportados por Fsie, el coste que implica esta nueva exigencia suma casi los 3 millones de euros al mes por parte de los centros de la provincia. La aportación mensual de cada colegio rondará los 38.000 euros mensuales de media, para una plantilla de 50 profesores, ya que el abono de la Seguridad Social supone un 30% del salario.
Para los alrededor de 90 centros concertados de la provincia, el montante global mensual que recibiría Educación rondaría los citados 3 millones de euros que, en última instancia, deberá reintegrar a los centros.
«El problema radica en que actualmente hay una demora de parte de la Administración de hasta seis meses en el pago de los gastos ordinarios a los centros concertados, así que mucho nos tememos que tengan que arrastrar también el coste de la Seguridad Social», lamenta el sindicato.
Fsie también reclama que los profesores de centros concertadas reciban su salario el mes de vacaciones, como sucede con los de los centros públicos.
Por otra parte, este mismo sindicato se ha unido a los colegios Calasancio y Altozano de Alicante, y Aitana de Elche, para recurrir ante el TSJ la supresión por parte de Educación de las aulas concertadas de primero de Bachillerato, una por centro menos en el Aitana que son dos.
Tanto Fsie como la presidenta de la federación de padres de alumnos Escuela y Familia, a su vez responsable de la AMPA del Calasancio, Julia Llopis, coinciden en lamentar lo elevado del aval económico exigido por la conselleria a cada centro para cumplir con el auto del TSJ que le obliga a reabrir cautelarmente las aulas de al menos dos centros en Valencia, que presentaron hace ya dos meses el recurso cautelar.
Los colegios se están pensando si van a poder pagar ese aval -que ronda los 250.000 euros por cada aula suprimida para adelantar el coste de dos años de concierto estimado por Educación-y la medida puede retraerles a la hora de presentar la cautelar.
«Recurrir se recurre porque así lo decidió el colegio -afirma Llopis- lo que no está tan claro es si se presenta la cautelar».
Los colegios se debaten entre dudas porque las familias, como explica Julia Llopis, ya han matriculado a sus hijos, muchos en centros distintos a consecuencia de la supresión del aula, y porque no pueden estar pendientes de que los jueces den la razón a los colegios, porque en caso contrario serían los padres quienes tendrían que abonar en última instancia el coste completo de la plaza si no se acaba concertando.
La mayoría de los colegios afectados han adoptado medidas de apoyo para la matrícula pero aun así el precio ronda entre los 250 y los 400 euros mensuales.
