La Conselleria de Medio Ambiente ha abierto un expediente al Puerto para determinar qué consecuencias puede tener el que a fecha de hoy sigan sin instalarse las tres estaciones para medir la calidad del aire, que debían estar operativas desde el pasado 24 de mayo, según refleja la autorización para mover graneles concedida al Puerto en noviembre de 2016. El caso ha pasado a la Inspección Ambiental de la Conselleria que debe ahora determinar la gravedad del hecho, la posibilidad de sanciones e, incluso, y según apuntaron ayer fuentes de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente, la posible retirada de la autorización.
En la Conselleria, pese a que se tiene constancia de que el Puerto ha iniciado la tramitación para la posible construcción de naves cerradas en caso de que fracasen las medidas de control de las nubes de polvo, no están satisfechos de la efectividad de la medidas para controlar las emisiones de partículas, máxime cuando «en el único medidor que traslada información se ha detectado que en varias ocasiones ha habido que parar la operativa», subrayaron ayer fuentes de la Conselleria. Los inspectores de Medio Ambiente van a revisar cómo se ha trabajado en los muelles 11 y 13.
La apertura del expediente se conoció en el mismo día en que se hizo público que un informe independiente, realizado por un químico del Centro Superior de Investigaciones Científicas (Csic) para la plataforma de afectados por el movimiento de graneles en el Puerto de Alicante, ha detectado que en las labores de carga y descarga de materiales se emiten unas partículas llamadas «escorias», residuos que se utilizan para la fabricación de cemento y cuya emisión está prohibida en la autorización ambiental del Consell que avaló la operativa el pasado mes de noviembre. Los vecinos han encargado una segunda parte del informe para darle carácter pericial y que pueda incluirse en la denuncia judicial interpuesta por la la asociación de consumidores José María Mena. En autonomías como Euskadi, Cantabria y Cataluña se ha legislado para desclasificar como residuos las «escorias» pero no es el caso de la Comunidad Valenciana, por lo que su emisión está prohibida.
La Plataforma de Afectados por las Descargas Tóxicas del Puerto ha recogido muestras de polvo y material particulado depositado por el viento en varios balcones de viviendas próximas a los muelles, y que provienen, según el estudio, de las emisiones difusas generadas en el manejo de graneles en los muelles 11, 13 y 17 del Puerto. Se ha encargado su análisis a un laboratorio acreditado, que ha utilizado las técnicas más modernas de control y análisis: microscopía óptica y electrónica de barrido, difracción de rayos X y microscopía.
Entre los materiales encontrados «y que sin duda provienen de las descargas del Puerto están las escorias», yeso, cuarzo, calcita, coque de petróleo y clínker. En la autorización de emisiones otorgada a la Autoridad Portuaria el 21 de noviembre de 2016 por la directora territorial de Medio Ambiente figuran la mayoría de esas sustancias, «con la excepción de las escorias», según denunciaron ayer José Santamaría, portavoz de los vecinos y Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción.
Los afectados aseguran que se estaría ante un evidente incumplimiento de los términos de la autorización, que se suma a otras más, como la falta de instalación de los tres medidores de la contaminación atmosférica particulada, que deberían estar conectados a la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Conselleria de Medio Ambiente antes del 21 de mayo y no están instalados, y a la falta de licitación de la construcción de las naves cerradas y en depresión. Además la autorización prohíbe expresamente el manejo de residuos como material a cargar y descargar como granel.
Las «escorias» encontradas tendrían su origen, según la plataforma, en los residuos gestionados la fábrica de cemento de Alicante, instalación que utiliza «escorias» que mezcla con el clínker para fabricar cemento, y así reducir el uso del clínker. En los años 2013-2015 utilizó 11.940 toneladas de «escorias» procedentes de centrales térmicas suministradas por la empresa eléctrica Enel, y 57.705 toneladas de «escorias» de fundición procedentes de la fundición de mineral de cobre en Huelva. «Esas escorias es muy probable que lleguen a Alicante vía marítima», apunta Arribas.
La Plataforma ha denunciado este hecho a la Conselleria de Medio Ambiente para que adopte las medidas oportunas de control del cumplimiento de la autorización, «que debería incluir la apertura de un expediente sancionador».
