Un pleno espectáculo en el Ayuntamiento de Alicante

Y de esas seis horas, ¿qué decisiones se tomaron que afecten de verdad a los alicantinos? Mucho habría que escarbar para encontrar medidas concretas que influyan directamente en los ciudadanos. La principal, sin duda, la primera modificación presupuestaria, que supone en la práctica medio millón de euros más para políticas sociales de emergencia. La otra cuestión que, a priori, podría suponer un cambio para los vecinos, aunque menos inmediato, no pasó de una grosera bronca, con insultos incluidos. Y es que Guanyar intentó de nuevo modificar una decisión del pleno para retomar el control de la participación ciudadana, que ahora está en manos de una comisión plenaria tras una iniciativa propuesta por el PP en febrero, apoyada en bloque por toda la oposición y que entonces contó incluso con la significativa abstención, pero innecesaria en cuestión numérica de los socialistas.

La formación de Pavón, que ha intentando boicotear la comisión al renunciar a asistir pese a que la Concejalía de Participación está en manos de Julia Angulo (Guanyar), llevó una moción este jueves para disolver la comisión encargada de revisar el reglamento de participación. Esta propuesta ya intentaron incluirla a última hora en el anterior pleno, pero la oposición directamente votó en contra de la urgencia. En esta ocasión, sí que entró en el orden del día a tiempo, aunque la situación, tras una hora de brusco debate, quedó igual que como estaba al principio. Igual en la práctica, pero mucho peor en el fondo, ya que el debate sólo sirvió para evidenciar la profunda y creciente fractura entre los colectivos vecinales.

De hecho, desde el bando que apoya la disolución de la comisión se llegó a abuchear, interrumpir e insultar al representante de una asociación vecinal que defendió sin elevar el tono la continuidad del órgano plenario. En esas estamos. Y Guanyar, que sigue sin aceptar que por tercera vez haya perdido la votación, ya anunció el jueves que en el próximo pleno volverán a la carga. Tal y como insistieron desde la oposición, «lo de Guanyar, muy persistentes cuando se tocan sus intereses, es una democracia mal entendida».

Sin embargo, el duro choque de posturas, entre políticos y también entre vecinos, pasó a un segundo plano cuando el grupo de Pavón, llegadas las declaraciones institucionales, optó por no apoyar una iniciativa de los populares, que previamente había puesto sobre la mesa en forma de ruego el tránsfuga Fernando Sepulcre (ex de Cs), para «poner en valor la heroicidad» de Ignacio Echeverría, el español que fue asesinado en el reciente atentado yihadista de Londres. Salvo Guanyar, todo el pleno votó a favor de poner el nombre del «héroe del monopatín» a la pista de «skate» de la avenida de Niza, en la playa de San Juan. Y ahí, en un punto que tendría que haber fluido sin más contratiempos en el pleno, llegó la polémica tras sendas intervenciones del concejal de Cultura y Estadística, Daniel Simón, quien por más que insista ahora en retorcer sus palabras no tuvo otra ocurrencia que poner en duda la versión oficial para defender la abstención de Guanyar, que finalmente no apoyó el homenaje porque no está claro -a su juicio- si el joven asesinado por los yihadistas iba en monopatín o en bicicleta o si intentó socorrer a una mujer o a un policía. Minucias frente al acto heroico. Argumentos de un peso pluma, al igual que aquellos a los que recurrió poco después: «Ya nos gustaría poder dedicar una calle a todas las víctimas del terrorismo machista, franquista, de ETA o yihadista, ya sean sirias, yemeníes, iraquíes o europeas». Las críticas desde todos los ámbitos, como es lógico, no tardaron en arreciar. Las disculpas aún se esperan.

Pero la polémica por las declaraciones institucionales no se quedó ahí, aunque superado ese instante todo lo demás fueron fuegos de artificio aptos para menores. El PP, en una postura surrealista, se empeñó en defender una propuesta para pedir al Consell que considere festivo autonómico el 24 de junio, una decisión que ya se tomó esta legislatura en las Cortes Valencianas y que no podrá llevarse a la práctica hasta 2019, ya que este año ha caído en sábado y el próximo, en domingo.

Sin embargo, en ese debate, el alcalde lanzó una alternativa: pedir al Consell que el próximo año traslade la festividad del día de San Juan (domingo) al 22 de junio, para así construir un puente de tres días a nivel autonómico. Pues no, el interés partidista se antepuso al interés general: el PP se cerró en banda, impidiendo que se votase una iniciativa que habría salido adelante con toda seguridad, y a la que a continuación se habrían sumado las Hogueras y el sector turístico de la ciudad, poniendo en un auténtico brete a la Generalitat desde un punto de vista electoral. Al final se votó y se aprobó reclamar que el 24 de junio sea festivo autonómico, aunque ya caiga en domingo.

Y así, entre declaración institucional y declaración institucional, avanza el mandato en la ciudad. En recientes sesiones, los concejales del Ayuntamiento han votado sobre asuntos de cuestionable trascendencia para los alicantinos como pedir al Gobierno de Honduras que haga efectiva la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, rechazar las atrocidades padecidas por el pueblo armenio a principios del pasado siglo, manifestar el apoyo a los que luchan por la libertad en Venezuela, apoyar a la Plataforma de Víctimas del Alvia que descarriló en Galicia, participar en los actos de conmemoración del Decenio Internacional de los afrodescendientes, pedir la retirada de cargos a las personas encausadas por los incidentes en la llegada del AVE a la ciudad o mostrar la oposición al proceso de negociación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). Así, ¿cómo no van a durar seis horas los plenos en Alicante aunque no tengan apenas contenido real desde una óptica municipal? ¿Seis horas de pleno espectáculo? Pocas parecen.