La sequía amenaza uno de los sectores de actividad que mejor había aguantado el tirón durante la crisis. El Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) alertó ayer de que el cierre del Trasvase Tajo-Segura pone en peligro una producción de más de 1.200 millones de euros y alrededor de 40.000 empleos en la provincia, lo que incluye, tanto el impacto directo de la falta de agua en el sector agroalimentario, como las repercusiones en otros negocios, como la industria de transformación o el transporte. Y es que la falta de reservas en los embalses de Entrepeñas y Buendía ha impedido que llegara a la provincia ni una sola gota a través de esta canalización durante los meses de mayo y junio, y nada hace prever que la situación mejorará antes del próximo otoño.
Unas circunstancias que llevaron al presidente de Ineca, Perfecto Palacio, a recalcar la necesidad de «tomar medidas con carácter de urgencia y de proyectar mejoras en las infraestructuras hídricas de la provincia», para garantizar también el suministro a futuro. De lo contrario, señaló el empresario, se estaría dañando de forma directa a uno de los sectores productivos «más importantes y estratégicos» de la zona, «lo que impide el desarrollo de todo su potencial económico» y de las sinergias que genera en otras actividades. No hay que olvidar que las frutas y verduras suponen el segundo producto más exportado de la provincia, tan sólo por detrás del calzado, y aportan cientos de millones en divisas.
Solución definitiva
El «think tank» alicantino recordó que la actual sequía solo viene a agravar la situación de déficit crónico y estructural que sufre la provincia que, en su opinión, sólo puede resolverse mediante una combinación de aportaciones de caudales desde otras cuencas, la consolidación del Trasvase Tajo -Segura, una mayor reutilización de aguas residuales y un mayor uso de las desaladoras, siempre que el agua salga de estas instalaciones a un precio competitivo.
Al respecto, el director de Proyectos de Ineca, Joaquín Melgarejo, recalcó que, de los 1.300 hectómetros cúbicos en que se cifra la demanda total de agua de la provincia, los acuíferos y embalses de la zona apenas son capaces de aportar 655 de una forma sostenible; lo que significa que el resto debe proceder de otras fuentes. Es decir, de los trasvases, la reutilización y las desaladoras. Sin embargo, incluso sumando la aportación actual de estas otras fuentes, la oferta real de agua en Alicante se queda en 1.066 hectómetros anuales, por lo que cifra en 399 hectómetros cúbicos el déficit anual de recursos que sufre la provincia, que se dispara aún más en años de sequía como el actual, cuando las aportaciones externas se recortan.
No obstante, Melgarejo cree que hay margen de mejora y que con unas inversiones no excesivamente costosas podrían asegurarse entre 210 y 220 hectómetros anuales más. Por ejemplo, en estos momentos las depuradoras de la provincia tratan 139,5 hectómetros cúbicos al año pero sólo se reutilizan unos 59, poco más del 42%. El resto se vierte al mar.
«Aunque aún hay un potencial de reutilización muy apreciable, de unos 50 hectómetros, sobre todo en l'Alacantí y el Baix Vinalopó, para ello es preciso que se realicen inversiones en infraestructuras y acuerdos económicos-financieros con los usuarios», apuntó el también profesor universitario.
Igualmente, en la actualidad apenas se utiliza la mitad de la capacidad de desalación instalada en la provincia -76 hectómetros de 165- pero sería necesario reducir el precio de la energía necesaria para su producción para que su uso sea viable para la agricultura. Si a esto se suma la redotación del Trasvase Tajo-Segura con unos 78 hectómetros; y la del trasvase del Júcar con unos 45 hectómetros, y la cesión de derechos de otros regantes por 17 hectómetros, se alcanza la cifra antes mencionada.
Ineca recuerda que, además de los propios agricultores, existe una importante industria agroalimentaria en la zona que dependen de la producción del campo.
