Medio millar de padres y madres del colegio Calasancio, la práctica totalidad de las familias con hijos escolarizados en este centro de enseñanza concertada, han acordado en asamblea plantar batalla jurídica contra el conseller Vicent Marzà y el decreto que regula los conciertos educativos, a cuyo amparo Educación ha suprimido un aula de primero de Bachillerato en este centro.

Tras el periodo de solicitud de vacantes para el curso que viene, este colegio ha recibido 70 peticiones de matrícula de las que tan solo puede atender 35 porque son las plazas de que dispone en la única aula concertada con que cuenta ya tras la planificación escolar de la conselleria.

Liderados por la presidenta de la asociación de padres del centro y a su vez máxima representante de los padres de centros concertados de toda la Comunidad, Julia María Llopis, han reunido medio millar de firmas que ya han registrado tanto ante el Síndic de Greuges como ante la Conselleria de Educación para reclamar que les devuelvan el aula.

Supresión

En realidad, lo que piden los padres en su escrito es «la supresión» del decreto del 20 de enero de 2017 que aprueba el reglamento de conciertos educativos en la Comunidad.

Al Síndic le piden que acuda a la administración que corresponda para «adoptar las medidas oportunas frente a la lesión de los derechos fundamentales y, en su caso, suprimir el decreto de conciertos»; y a la conselleria le reclaman la devolución del aula concertada y le dan el plazo de un mes para restablecer estas plazas en primero de Bachillerato antes de acudir a los tribunales, como explica Julia Llopis.

Estas familias dicen ser conscientes de que el TSJ ya ha rechazado la suspensión cautelar de este mismo decreto de conciertos solicitada por otro centro concertado de València. «Se puso sobre la mesa de la asamblea y todos se mostraron conformes con acudir a los tribunales porque no vemos justo tener que pagar una enseñanza que elegimos para nuestros hijos desde los 3 años de edad. Queremos que sepan en la conselleria que no estamos conformes con su decisión y si no logramos una rectificación para este curso próximo, al menos que se lo piensen dos veces para el siguiente», subraya Llopis.

Las familias se quejan de que no hay plazas públicas en institutos del distrito, por lo que el propio colegio por una parte, y la AMPA por otra, aportarán becas para que la matrícula cueste casi la mitad, 250 euros y no 400.