La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la segunda renovación del contrato de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad de Alicante. De este modo, se autoriza el gasto plurianual para 2017 de 2.078.823,19 euros, IVA incluido, y para 2018 de 2.391.247,94 euros, IVA incluido. La idea del equipo de Tripartito, en concreto de Guanyar, coalición que ostenta la Concejalía, era la municipalización de este contrato, pero, según ha explicado el portavoz Natxo Bellido, por la normativa estatal actual no se puede realizar y ha recordado la moción al respecto que presentaron en el Pleno. De este modo, cuando se acabe la prórroga deberán convocar un nuevo concurso.

El Ayuntamiento de Alicante está estudiando, por otro lado, pedir una garantía provisional a las empresas que opten a un gran contrato municipal, de manera que si resultan las primeras calificadas y renuncian a firmar el contrato, el consistorio se pueda quedar con esa garantía. Así lo ha informado el portavoz del equipo local, Natxo Bellido, quien ha indicado que también se plantean imponer posibles penalizaciones, según informa Europa Press.

Bellido ha hecho estas declaraciones este martes durante la rueda de prensa sobre la Junta de Gobierno Local. Así, ha anunciado el estudio de esta medida después de que la Junta aprobara el contrato de reforma de la Casa de la Festa, en el que la primera UTE clasificada ha retirado su oferta de la licitación y ahora deben requerir la documentación a la segunda clasificada, Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U, para "avanzar en la adjudicación".

La Junta Local dio el visto bueno el pasado diciembre al inicio de un procedimiento abierto para la adjudicación de estas obras por 4,2 millones de euros. El proyecto supondrá habilitar dependencias de varias concejalías en las plantas altas del edificio de la Rambla de Méndez Núñez.

El portavoz ha explicado que la renuncia de las mercantiles que quedan clasificadas en primer lugar en la adjudicación de un contrato supone un doble perjuicio para el Ayuntamiento. Por un lado, el precio, ya que suelen ser las que ofrecen el presupuesto más económico --sin incurrir en baja temeraria-- y por otro, el tiempo, ya que hace que el procedimiento se retrase.

En todo caso, Bellido ha apuntado que si se adopta esta medida, también se tendrá que decidir el importe a partir del cual se pedirá esta garantía.