Los vecinos del barrio Miguel Hernández -antes barrio de José Antonio- están indignados. Y no solo porque muchas de sus casas se caen a trozos, sino porque durante años ninguna administración haya abordado en serio los problemas de la zona «y ahora salga el PP creando alarma social y diciendo que esto es inseguro cuando en 20 años no han hecho nada», ha indicado el presidente de la Asociación de Vecinos, Lisardo Gabarre, en alusión a la denuncia del PP, recogida ayer por este diario, de que el Consell ha ocultado ocho meses el resultado de un informe que encargó a la Politécnica de Valencia y en cuyos resultados alertaba de la peligrosidad de los edificios y de la urgencia de actuar.
Los vecinos del barrio comentaban ayer las conclusiones de dicho informe con preocupación, sobre todo porque apunta a la conveniencia de que las viviendas fueran desalojadas para proceder a la rehabilitación. «Por supuesto que tienen que rehabilitar las casas y arreglar los problemas de estructura y forjado, pero no queremos que desalojen», indicaron ayer Gabarre y el vicepresidente de la Federación Provincial del Pueblo Gitano, Rafael Bustamante, al considerar que hay muchas familias viviendo en pisos de forma ilegal y sin posibilidades para aceder a otra vivienda «y que en caso de desalojo tendrían muchas dificultades para regresar al barrio».
En cualquier caso, los vecinos indicaron ayer que «sabemos que los edificios están en mal estado desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, hay pisos apuntalados con la gente viviendo dentro desde hace años, así que esto no se va a caer de un día para otro por lo que deberían hacer una rehabilitación progresiva», señala el presidente de los vecinos del barrio quien cree que la solución sería levantar un bloque de viviendas nuevo en un solar del barrio «y que la gente se trasladara all mientras arreglan un bloque, y luego el siguiente, de forma progresiva para que no haya desalojos».
Desde la Conselleria reiteraron ayer su intención de actuar en las viviendas públicas del barrio Miguel Hernández de Alicante siguiendo las directrices del informe que encargó la propia conselleria a la Universitat Politécnica de València (UPV) en 2016. La directora general de Vivienda, Rebeca Torró, ha explicado que «cuando accedimos al gobierno solicitamos este informe para conocer la situación de las viviendas del barrio Miguel Hernández de Alicante para saber cómo teníamos que actuar después de 20 años de abandono» y ha recordado que «la transparencia ha sido máxima porque desde el primer momento mostramos nuestra voluntad para cambiar la situación del barrio después de la inacción del anterior gobierno». Para conseguir una actuación efectiva «se aprobó la realización de un Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) con una inversión de 2'8 millones de euros». El informe, según Vivienda, «constató que en algunas zonas del barrio existían elementos estructurales deficientes, principalmente en cinco viviendas». El gobierno valenciano «ya ha firmado el acta de replanteo de las viviendas con más deficiencias». Además, «durante este tiempo ya se han realizado actuaciones de urgencia en diversas viviendas y elementos comunes con una inversión de 215.000 euros».
«La conselleria tiene la voluntad de seguir adelante con sus planes para acabar con un deterioro que se ha producido en los últimos años, donde la falta de inversión del anterior Consell ha conducido al deterioro de las viviendas de este parque público», señala Torró.
El barrio tiene 524 viviendas y en una primera fase, que incluye las indicaciones del informe de la Universitat Politécnica de Valencia, se van a reparar dos bloques de viviendas en los patios 5 y 6 de la Plaza División.
Por su parte, el alcalde Gabriel Echávarri, instó ayer a la generalitat a actuar con premura en el barrio tras concoer el informe de la Politécnica. «Vamos a pedirles que, dentro de sus responsabilidades, se hagan cargo de la situación. El barrio ha sufrido una desidia histórica que hemos denunciado, desde el PSOE, cuando estábamos en la oposición y que seguiremos reclamando ahora desde el gobierno porque de lo contrario perderíamos la credibilidad», indicó Echávarri.
Por su parte, el concejal del PP Israel Cortés acusó ayer a la concejal de Acción Social, Julia Angulo (Guanyar), y al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, de «no demostrar ningún interés por la situación en la que se encuentran los más de 2.000 alicantinos del barrio Miguel Hernández que viven en las cerca de 520 viviendas y que precisan de una actuación urgente». Con respecto al informe de la Politécnica, Cortés consdiera que «Angulo no puede decir que ignoraba la existencia de este informe porque lo anunciaron a bombo y platillo cuando lo encargaron, pero si ha habido ocultación la consellera de Vivienda, María José Salvador, también deberá dar explicaciones».A este respecto, la diputada autonómica Elisa Díaz ha solicitado por escrito la comparecencia urgente de la consellera de Vivienda, María José Salvador.
