El pleno de las Cortes Valencianas rechazó ayer, con los votos de PSPV, Compromís y Podemos, la propuesta consensuada por PP y Ciudadanos para pedir al Consell que modifique el decreto de plurilingüismo para que se garantice que la oferta, la titulación y el nivel de inglés sea el mismo en todos los niveles, independientemente del porcentaje de castellano y valenciano que ofrezcan. Asimismo, también rechazaron pedir al Consell que tenga en cuenta la demanda social como criterio preferente a hora de renovar y dar nuevos accesos al régimen de conciertos educativos en la enseñanza no obligatoria que pedía Cs en una iniciativa apoyada por el PP. En ella se instaba a no vulnerar el derecho de libertad de elección recogido por la Constitución, y a tomar medidas para evitar que este conflicto se repita anualmente a la hora de asignar los conciertos.

Como era de esperar el debate por el decreto del plurilingüismo acabó en bronca entre la diputada del PP Beatriz Gascó, que fue alto cargo de Educación con los populares en el Consell, y la diputada de Podemos, Sandra Mínguez, nacida en Cuenca y que hace el esfuerzo de usar el valenciano en las Cortes, algo que los diputados del tripartito le agradecieron con una ovación.

«A mí nadie de Compromís ni de Podemos y menos alguien nacido en Cuenca me va a imponer el valenciano», aseguró Gascó desde la tribuna. Mínguez respondió con varias estrofas de la canción «Tío Canya» de Al Tall que explica los problemas con los que se ha encontrado históricamente el valenciano y dijo estar «muy orgullosa de hablarlo».

La iniciativa de PP y Cs exigía iniciar las acciones oportunas para garantizar que con el decreto del plurilingüismo «no se vulnere la Constitución, en especial los artículos 14 (principio de igualdad), 27 (derecho a la educación y libertad de elección de los padres) y 9.2, relativo a la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que los principios de libertad e igualdad sean reales».

Asimismo, reclamaba «que no se establezcan imposiciones lingüísticas a padres, alumnado, funcionariado y cualquier entidad pública o privada en su relación con la administración educativa», promocionar el uso del valenciano «pero sin prohibiciones, limitaciones ni veto al castellano», que «en ningún caso se utilice el idioma extranjero para premiar la elección de una u otra lengua oficial» y someter a votación de los padres el nivel lingüístico que desean que se aplique en el centro.

Gascó aseguró que el Consell debería «reconocer que se ha equivocado» y hacer autocrítica porque «cuando sale tantísima gente a la calle» para protestar y hay nueve recursos en los tribunales, «algo habrá» que reflexionar. La parlamentaria popular defendió que el PP ya promovió el fomento del valenciano con una hoja de ruta «eficiente» pero el Consell tiene «más peligro que un cirujano con hipo» y lo que quiere es «la imposición inmediata del valenciano».

La diputada de Cs Mercedes Ventura calificó de «fachada sin interior» este decreto, que está «basado en el sectarismo y el adoctrinamiento» y recordó que castellano y valenciano merecen el mismo respeto, por lo que conviene «apostar por un modelo equitativo».

Por su parte, Mínguez aseguró que «a nadie se le está imponiendo el idioma» y si alguien piensa que es una imposición «que haga memoria y recuerde cuando el PP imponía Educación para la Ciudadanía en inglés para hacer política de destrucción de la educación» y que es el Consejo Escolar el que decide por qué nivel opta.

El diputado de Compromís Josep Nadal acusó al PP de atacar al valenciano «por tierra, mar y aire» y reducir el debate a un «enfrentamiento e imposición de lenguas cuando se trata de que los niños dominen tres lenguas». La socialista Ana Besalduch lamentó que el PP está «en la línea de la confrontación, que en algunos momentos de la historia les ha funcionado» pero en este caso no va a ser así porque el decreto cumple las leyes y «no discrimina a nadie».