El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dejado temblando los cimientos del decreto de plurilingüismo del conseller de Educación, Vicent Marzà, tras haber suspendido de forma cautelar la normativa que regula la acreditación de idiomas en las aulas no universitarias. El tribunal autonómico, que no entra en el fondo del asunto como él mismo se encarga de subrayar, acuerda la paralización cautelar solicitada por la Diputación de Alicante en el recurso que presentó contra el decreto en base a una amenaza de los derechos del alumnado de la provincia en cuanto a la acreditación lingüística. ¿Por qué? Porque si la sentencia resolviera a favor del recurso de la Diputación obligaría al Consell a retirar el decreto que, de no paralizarse previamente, habría dañado ya derechos de muy difícil reparación, según viene a argumentar el auto.

Lo fundamental es que el TSJ sí entrará en el fondo del asunto a partir de ahora y se tendrá que pronunciar sobre la denuncia de derechos conculcados realizada por la Diputación de Alicante, la única institución pública que ha llevado a los tribunales la normativa de Marzà. De momento, el tribunal ya se abre a estudiar a fondo el asunto, avala a la Diputación de Alicante como interlocutor de los intereses de la provincia y deja claro que «de no suspenderse hasta que recaiga sentencia, un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas». Añade el auto del TSJ que, pese a lo que alega el letrado de la Generalitat para negarse a la suspensión cautelar de la normativa, «existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado». Con esta afirmación, la sala está poniendo el foco ante lo que considera la base argumental de la medida cautelar solicitada, que es esa diferencia en las acreditaciones de los idiomas en función del nivel de plurilingüismo que se curse.

Por ello, el tribunal considera que tiene que aceptar la postura de la Diputación respecto a la solicitud de la medida cautelar de suspender el decreto hasta que exista sentencia. Si el TSJ acreditara que existen diferencias entre los alumnos y que hay derechos conculcados en una provincia con parte del territorio castellanohablante -algo que tendrá que aclarar el TSJ ahora tras aceptar entrar en el meollo del asunto, con todo lo que ello supondría para la prolongación de la situación judicial del decreto- no habría vuelta atrás para aquellos alumnos que ya hubieran estudiado bajo las directrices del nuevo decreto. De ahí la paralización cautelar que la conselleria va a recurrir dentro del plazo de cinco días que le ha concedido el TSJ, según fuentes de la Generalitat.

Llama la atención la consideración que hace el tribunal autonómico sobre el hecho de que una institución como la Diputación de Alicante sea la que haya puesto en jaque el decreto apelando a la defensa de los intereses de la provincia, algo que aplaude y así lo destaca en uno de sus párrafos. «No es frecuente que una administración tome la iniciativa en defensa de sus ciudadanos frente a lo que considera una disposición general contraria a derecho». Por eso, añade el auto, se tiene en consideración esta circunstancia y el tribunal «aprecia que, si bien se presume el interés público en la administración de la Generalitat Valenciana demandada y en el decreto recurrido, no debe olvidarse que también es defensora de ese interés público la administración alicantina», señala.

Este argumento contradice las críticas que vertió contra la decisión de la Diputación la vicepresidenta Mónica Oltra, que dijo no entender qué pintaba en todo esto la Diputación de Alicante, sin competencias en materia educativa. El auto judicial, emitido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ destaca que en absoluto se entra ahora en el fondo del asunto ni se prejuzga nada de lo que pueda resolverse con la sentencia tras la fase de alegaciones y prueba.