El conseller de Educación lanzó ayer un mensaje de «tranquilidad» declarando su plena confianza en que nada va a cambiar para el curso que viene, porque el decreto de plurilingüismo tiene todas las bendiciones tanto pedagógicas por las Unidades Multilingüe de las Universidades, como jurídicas por parte de la Abogacía de la Generalitat.
Marzà anunció que el Consell va a recurrir el auto del TSJ que paraliza el decreto de plurilingüismo «como no puede ser de otra manera, porque no estamos de acuerdo. No es una sentencia firme, -añadió-, y tenemos toda la garantía de que el decreto esta fundamentado con una base tan pedagógica como jurídica, con el aval tanto del Consell Juridic como de la abogacía y del propio Ministerio», subraya el conseller.
Finalmente ha pedido «tranquilidad» y ha asegurado que «seguirán todos los procesos tal y como están hasta ahora».
También se ha pronunciado a favor del decreto el sindicato docente mayoritario, STEPV, que respalda de pleno el plurilingüismo que quiere implantar Marzà, hasta el punto de que se va a personar en las alegaciones contra el auto del TSJ que paraliza la normativa lingüística.
Considera este sindicato, al que pertenece el propio conseller, que no cabe la suspensión cautelar porque no existe discriminación lingüística alguna, ya que el decreto no se aplicará en sexto curso de Primaria hasta dentro de seis cursos, que es cuando pueden empezar a emitirse las certificaciones de idiomas.
Para el STEPV la paralización del plurilingüismo es «muy grave» especialmente en esta semana en que se ha puesto en marcha el proceso de matriculación, así como por las «consecuencias negativas en el aumento previsto de las plantilla docente».
Otros sindicatos como CSI.F y ANPE, que han presentado sus propios recursos contra el decreto de lenguas, celebran la suspensión cautelar. Raúl Almonacid, de CSI.F, opina que el recurso de la Diputación Provincial «va en la misma línea» que el del sindicato, «porque se vulnera la igualdad de los alumnos al titular en inglés solo los programas con más carga lectiva en valenciano».
Laureano Barcena, presidente de ANPE, añade que el decreto también vulnera la autonomía de los centros porque «se impone un nivel lingüístico del que no se puede retroceder», así como «el derecho a la educación, a las condiciones laborales de los docentes y a la libertad de cátedra». Esta formación no ha pedido la suspensión cautelar pero su recurso ha sido admitido a trámite.
Matriculación
Los padres de alumnos de centros públicos y concertados, que también han recurrido el decreto de plurilingüismo como una sola voz, piden ahora que se vuelva a convocar el proceso de matriculación «con los parámetros anteriores, porque hay familias que han solicitado otro centro por no compartir el nivel de plurilingüismo ahora paralizado», explica el presidente provincial y autonómico de Covapa, Ramón López, en nombre del Foro por la elección de la lengua vehicular que une a la enseñanza pública y concertada contra el plurilingüismo.
«Nos entristece que tenga que ser el TSJ el que ponga cordura en este tema, pero celebramos su rapidez porque se debía velar por todos los niños en un tema tan importante como es la enseñanza de la lengua», abunda.
La también presidenta provincial y autonómica de los centros concertados, Julia Llopis, sostiene que el auto del TSJ es «la respuesta a una imposición, a la dictadura lingüística del conseller. Es lo que pedimos el otro día en la calle -se manifestaron el viernes en Alicante- y el tribunal ha tenido que actuar porque los niños no son gaseosa».
También el representante de la federación Enric Valor de padres de centros públicos, Raúl Alós,califica el plurilingüismo de «imposición» y considera que a la administración le toca «sentarse con los actores sociales y buscar el consenso que parece que no ha obtenido , para que salgan normas que no se impugnen».
