El plazo se cumplió y finalmente Beatriz Asenjo y sus tres hijos, dos de ellos menores, han tenido que abandonar hoy, tal y como estaba previsto, su casa después de que un juzgado ejecutara una sentencia por la que debían dejar el domicilio familiar a los cuatro años de divorciarse. Ahora la casa será ocupada por su ex marido y padre de los niños.

De momento la familia está viviendo en casa de una amiga hasta encontrar un piso de alquiler. «El Ayuntamiento se ha ofrecido a pagar 300 euros más un mes de fianza, pero ya me han dicho que debo ser yo quien busque una casa, así que mañana (por hoy) empezaré a moverme», señala Beatriz Asenjo. Desde la Concejalía de Acción Social también se les ofreció pasar las primeras noches en una pensión del centro de Alicante, como medida de emergencia, «pero me aconsejaron que por el bien de mis hijos si podía que no me moviera del entorno donde ellos tienen el instituto y donde viven sus amigos».

Según explica Clara Eugenia Burgui, abogado de oficio de Asenjo, pese a que ella tiene la custodia exclusiva de sus hijos, la ley 5/2011, la denominada ley de custodia compartida de la Comunidad Valenciana, establecía que el domicilio familiar podía ser ocupado por ellos sólo durante un periodo temporal y no hasta que todos los hijos tuvieran la mayoría de edad. El juez fijó en 2012 que este periodo sería de 4 años, después la casa pasaría a ser ocupada un año por cada uno de los cónyuges. El plazo venció ayer sin que nadie lo haya podido remediar, pese a que dos menores se quedan en la calle, y tras presentar el ex marido de Beatriz una ejecución forzosa de la sentencia de divorcio. Ni el hecho de que el Tribunal Constitucional haya tumbado recientemente la ley valenciana de custodia compartida ha frenado el desahucio, puesto que esta anulación no se aplica con carácter retroactivo.

El grito desesperado de Beatriz Asenjo Cadalso desgarraba por los cuatro costados. Cargada de impotencia, dolor y rabia, su voz denuncia una situación insostenible: «Me desahucian por una demanda presentada por mi exmarido como venganza, por haberle denunciado yo hace ya cuatro años y medio por malos tratos». Aquella denuncia que hizo contra el que por entonces era su marido no prosperó por falta de pruebas. «Fue absuelto a pesar de que mis hijos fueron testigos algunas veces de las agresiones; no obstante, por miedo a que tomara represalias contra ellos, no quise que testificaran», asegura.

El imperioso deseo de Beatriz era que el juzgado de Instrucción número 10 de Alicante suspendiera o paralizara el desahucio, algo que finalmente no ha ocurrido.

La situación con su exmarido era ya alarmante, cuando en 2011 decidió por cuenta propia adelantar los papeles del divorcio. «Fui al Centro de Mujeres de Benalúa para que me asesoraran, pero un día él encontró los papeles y montó en cólera, me amenazó y le puse una denuncia, pero todo siguió igual», comenta Beatriz. A finales de 2012 logró divorciarse de él, que pidió la custodia compartida, la cual le fue denegada. «La custodia me la dieron a mí, ya que mis hijos manifestaron en el juzgado que no querían vivir con él. Quería hacer ver que yo era la mala», afirma ella.

Beatriz asegura que recibe insultos, amenazas por mensajes de texto y un nefasto deseo: «Te quiero ver en la calle sin nada». Sus hijos no han sido ajenos a la disputa y uno de ellos repitió curso durante el divorcio, hoy Beatriz no quiere que pase de nuevo: «Nos vamos a quedar en la calle justo en la época de exámenes finales». Beatriz se aferra al uso del domicilio hasta que sus hijos sean independientes, pero «por desconocimiento se me pasó el plazo (cuatro años tras el divorcio)».