La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de investigar al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio supone un nuevo palo, y de un tamaño nada despreciable, en la rueda del futuro político del dirigente socialista, al que ayer, tras adelantar este diario el inicio de la investigación en Fiscalía, se le pudo ver con semblante más serio del habitual y la mirada perdida en el único acto público en el que participó, según recoge la agenda municipal que facilita a diario el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Alicante.
Tras la denuncia presentada hace casi un mes por el PP en Anticorrupción, el paso del fiscal Felipe Briones de abrir diligencias de investigación y reclamar al Ayuntamiento de Alicante documentación sobre las facturas bajo sospecha acerca la posibilidad de que el caso acabe en el juzgado, donde Echávarri podría ser imputado por un delito de prevaricación administrativa que conlleva la inhabilitación para cargo público entre nueve y quince años.
Pero para que el asunto de las facturas de Comercio llegue a ese punto, antes debe superar otras fases. Una vez analizada la documentación en Fiscalía, que el Ayuntamiento envió el pasado martes según explicó ayer el propio alcalde, será el momento en que se decida si la denuncia se envía a los juzgados o si, por el contrario, se archiva. El plazo previsto para las investigaciones en la Fiscalía es de seis meses para decidir si se envía al juzgado, aunque en el caso de Anticorrupción puede ampliarse hasta un año.
De adoptarse la decisión de que el caso continúe su camino en los juzgados y allí fuera imputado, Echávarri se encontraría entre la espada y la pared desde una perspectiva política. En la actualidad, el alcalde de Alicante niega en público que valore la opción de ser imputado por un asunto que, a su juicio, no puede considerarse delito, ya que la firma de los contratos no se hizo, entre otros condicionantes, a sabiendas de ser injustos. Sin embargo, en círculos más personales, el alcalde admite a día de hoy que su dimisión sería la salida más probable si finalmente el juzgado también le investigase por el presunto fraccionamiento de unos contratos de Comercio que el tripartito trasladó hace algo más de un mes al Consell Jurídic Consultiu tras detectar el interventor posibles irregularidades en su tramitación.
Y es que el alcalde, en el caso de que fuera imputado por presunta prevaricación, se quedaría contra las cuerdas en un Ayuntamiento en el que el equipo de gobierno que lidera está en minoría frente a la oposición. Y no sólo eso, sino que el tripartito, además, vive en una permanente crisis interna por la desconfianza entre sus líderes.
Sus socios, por ahora, no hablan de dimisiones y se limitan a pedir respeto, al igual que el resto de la oposición, para que la Fiscalía haga su trabajo. El vicealcalde de Alicante, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), aseguró ayer que el inicio de la investigación es un «trámite» judicial. Preguntado por si espera que el caso se archive, Pavón fue menos claro: «A ver qué concluye la Fiscalía. Yo no sé si ha hay delito [en referencia al posible fraccionamiento de contratos en el área de Comercio]».
También como un trámite valoró ayer Echávarri la decisión de Anticorrupción, en un intento de restarle importancia al curso legal de la denuncia presentada por el PP. «La decisión de Fiscalía no es buena ni mala, es normal al ser una denuncia basada en una documentación», se limitó ayer a decir el alcalde de Alicante tras un acto celebrado en el Salón Azul. A Echávarri, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, le tendió ayer la mano que le negó Pavón: «El equipo de gobierno es el máximo interesado en que disipen todas las dudas. Esperamos que el tema decaiga pronto».
Desde la oposición, tanto PP como Ciudadanos coincidieron al asegurar que la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción era de «esperar» para ellos.
