La Fiscalía está investigando al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por el presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, según confirmaron a este diario fuentes del Ministerio Público. Cuando está a punto de cumplirse un mes desde que el PP presentó la denuncia por las supuestas irregularidades, el caso fue remitido al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que ha decidido abrir diligencias de investigación y ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante documentación sobre las facturas bajo sospecha. Una vez analizada esa documentación, será el momento en que se decida si la denuncia se envía a los juzgados o si, por el contrario, se archiva. El plazo previsto para las investigaciones en la Fiscalía es de seis meses para decidir si se envía al juzgado, aunque en el caso de Anticorrupción puede ser un máximo de hasta doce meses.
La denuncia se presentó en la Fiscalía por el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, el pasado 18 de abril contra el alcalde de Alicante, que también es responsable del área de Comercio, por un presunto delito de prevaricación. Según el escrito presentado en la Fiscalía, Echávarri sería el autor del delito, toda vez que «es la persona que procede a la firma y a la autorización de las facturas, consumando el fraccionamiento de los contratos». Asimismo, dejaba abierta la posibilidad de ampliar a terceros intervinientes en calidad de cooperadores necesarios, al entender el PP que sin su intervención no podrían haberse producido estas contrataciones.
Los hechos arrancaron el pasado 4 de abril después de que el interventor del Ayuntamiento alertara de posibles irregularidades en el modo en que se habían tramitado las facturas de distintas campañas publicitarias del área de Comercio y que se habrían fraccionado como contratos menores por un montante total de 189.762 euros. Las facturas habían sido agrupadas en tres bloques, como adjudicaciones menores y por importes inferiores a 18.000 euros. Ante los reparos de la intervencion, el tripartito elevó una consulta al Consell Jurídic Consultiu para que emitiera un informe a fin de determinar si el Ayuntamiento había actuado correctamente.
Por su parte, los populares presentaron en la Fiscalía denuncia por 25 contratos menores relativos a la señalización de los mercados, la organización de la gala de comerio y la campaña «Alicante está de moda», sin que existiera ningún expediente que repaldara dichas facturas. De esta denuncia se excluyeron la mitad de las facturas elevadas al Consell Jurídic Consultiu al entender que a su juicio no concurrían los elementos necesarios para apreciar fraccionamiento de contratos.
El PP recuerda en su denuncia que las prohibiciones en la Ley al fraccionamiento de contratos busca evitar que a través de este sistema se pretenda eludir la aplicación de los preceptos que regulan los procedimientos abierto o negociado de contratación.
El alcalde siempre ha defendido la actuación del Ayuntamiento, negando que se hayan fraccionado facturas y desviculándose de prácticas corruptas.
