«Por la salud de los vecinos y vecinas de la ciudad. Por los niños y niñas que estudian en nuestros barrios. Por las personas que trabajan en la zona». Estos fueron los tres lemas bajo los que transcurrió la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por las Descargas Tóxicas del Puerto, que ayer por la tarde reunió a 300 vecinos del entorno portuario en la plaza del Ayuntamiento. En esta ocasión no estuvo el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón.
Tras la manifestación de finales de enero frente al colegio Benalúa, los vecinos volvieron a trasladar su rechazo a que las operaciones de carga y descarga en los muelles 13, 14 y 17 se desarrollen a cielo abierto y exigieron que la operativa se haga en naves cerradas. Máxime, después de que la propia Fiscalía de Medio Ambiente haya enviado al Juzgado de Alicante que instruye la denuncia vecinal contra los graneles, el informe realizado por el Seprona en el Puerto el pasado 11 de abril tras parar la operativa debido a las nubes de polvo que sembraron la alarma en el colegio Benalúa.
Los vecinos se mostraron satisfechos porque el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil certifica, según el escrito al que tuvo ayer acceso el periódico, que «se pudo comprobar que las dos cucharas/grúas cargaban el material del suelo al buque (Caravos Glory) sin esperar a que se cerrasen por completo», lo que provocó que durante toda la operativa se soltara gran cantidad de un material «muy pulverulento de color marrón claro». Además, las cucharas soltaban el material en el buque sin llegar a introducirse por completo en el barco e «intentar minimizar la emisión de polvo». Los agentes del Seprona también observaron que los toldos y las lonetas desplegados desde el barco a la dársena resultaron insuficiente para contener el material en una jornada en la que las rachas de viento llegaron a los 19 kilómetros la hora en dirección al casco urbano.
Los vecinos trasladaron durante la concentración su indignación ante la postura que ha tomado el tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante. «¿Dónde estaba el Ayuntamiento de Alicante cuando madres alarmadas sacaron a sus hijos de un colegio en primera línea de impacto de las nubes tóxicas. Ni un comunicado, ni un gesto o actuación. Nos parece una cobardía política cuando, además, la propia Conselleria de Medio Ambiente ha dado la cara», subrayó José Santamaría, portavoz de la asociación Gran Vía Sur-Puerto, una de las asociaciones que respaldó la concentración.
Al margen de la cruzada judicial que mantienen los vecinos de entorno del Puerto de Alicante contra el movimiento al aire libre de los graneles (1,4 millones de toneladas en 2016), la plataforma de afectados ha recibido con esperanza la opinión que tiene sobre el asunto el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, responsable de la autorización provisional para la actividad. Álvaro asegura que si al final las mediciones sobre el impacto de la partículas demuestran que hay contaminación habrá naves.
