El concejal popular en el Ayuntamiento de Alicante, Israel Cortés, ha criticado hoy la situación generada en los centros especiales de empleo de Alicante, destinados a personas con discapacidad superior al 33%, a los que se les adeuda el 50% de las subvenciones de 2016, lo que está afectando directamente al personal en el cobro de sus nóminas. El edil ha explicado que "los centros especiales de empleo proporcionan a las personas con una discapacidad superior al 33% un puesto de trabajo adecuado a sus características personales y, de este modo, facilitan su inserción laboral en el mercado ordinario de trabajo", subraya Cortés en una nota de Prensa.

"¿Se imaginan trabajar todo el año sin recibir su sueldo?", ha preguntado el edil popular que también ha calificado de "situación sin precedentes el hecho de que en la última resolución de la convocatoria de subvenciones se hayan dejado fuera a 28 centros y casi mil trabajadores por falta de crédito suficiente". En definitiva, son 1.000 trabajadores en riesgo de perder su sueldo de todo el año por parte del gobierno de los que decían que venían a rescatar personas, pero mucho nos tememos que se han vuelto a olvidar de ellas".

Cortés ha reclamado al tripartito "mayor responsabilidad en implicación con los los centros especiales de empleo y con los trabajadores afectados de nuestra ciudad". "Por solidaridad y por responsabilidad, consideramos imprescindible apoyar a los centros y empleados afectados", ha incidido. El edil del PP ha señalado que "estos centros cumplen una función social, vital e indispensable y dan trabajo a 8.500 personas en la Comunidad Valenciana, lo que supone un 40% de la contratación de personas con diversidad funcional". "De no ser por este recurso, es probable que la mayoría de ellas estuviese sin empleo", ha afirmado.

"El Servef acumula una deuda de cerca de 14 millones correspondiente a subvenciones concedidas a Centros Especiales de Empleo en 2016, lo que ha generado una situación muy grave y critica para estos centros", ha añadido.

Después de meses en los que las entidades han venido denunciando esta injusta situación ante el Consell sin obtener respuesta, el pasado 29 de marzo se aprobó por unanimidad en Las Cortes una Proposición No de Ley (PNL) formulada por el Grupo Parlamentario Popular para la adopción "inmediata" de un mecanismo presupuestario que permita cubrir todas las solicitudes de subvenciones rechazadas. La PNL incluía además el acuerdo de abonar la deuda correspondiente 2016 y dotar de presupuesto suficiente la convocatoria de 2017 para que no vuelva a repetirse a desastre del año pasado.