El caso de Elena es el típico de la pescadilla que se muerde la cola. No puede trabajar porque padece un rosario de enfermedades que la limitan mucho, pero sólo le dan un 33% de minusvalía, lo que le sirve para tener ayudas para un coche adaptado, y poco más. Hace muchos años que finalizó su último empleo y ya ha agotado todas las ayudas. Cuál fue su sorpresa, que al tiempo que finalizaba el último subsidio que cobró, en la farmacia le anunciaron que debía volver a pagar el 40% de sus medicamentos. Mientras estuvo cobrando ayudas, estaba exenta de pagar sus medicinas.

La factura a final de mes llega fácilmente a los 30 euros, entre la medicación que toma para la diabetes, la tensión, el corazón y el colesterol. «Las pastillas para el colesterol directamente no las compro, porque son muy caras. El endocrino se enfada conmigo, pero yo le digo que es eso, o comer», señala esta vecina de Altea que lleva 8 años en el paro.

Su hija, Elena Sanchís, es auxiliar de farmacia y en un principio no dio crédito a lo que le estaba ocurriendo a su madre. «Llamé a la trabajadora social y me dijo que no había nada que hacer». También a la Seguridad Social «donde, de muy malos modos, me contestaron que se pusiera a trabajar y en la Conselleria de Sanidad, me dijeron que sólo me podían ayudar a desahogarme, porque la norma era así y ellos no podían hacer nada». Sanchís asegura que la situación de su madre es muy mala debido a que no recibe ningún tipo de ingresos, «y yo no puedo ayudarle todo lo que quisiera porque tengo una hija, trabajo con jornada reducida y no puedo llevar dos casas a la vez, aunque cuando puedo le lleno la nevera». Cáritas y Cruz Roja ayudan a Elena a pagar las facturas «y una vez al mes le dan 40 euros para acudir a un supermercado de Altea», explica su hija. La familia ha intentado también en varias ocasiones que se revise el grado de invalidez. «Tuvimos que pagar 400 euros a un médico forense, pero no sirvió de nada».

A preguntas de este diario, el Colegio de Trabajo Social, señaló esta semana que la competencia en este tema depende de la administración del Estado y que la Generalitat «está limitada» para abordar cualquier cambio en la norma.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad asegura que en la medida que lo permita el presupuesto tratará de ayudar a las personas que pese a sus dificultades económicas tienen que hacer frente al pago de sus medicinas. Desde el departamento de Carmen Montón recuerdan en este sentido que en los últimos años se han dado ayudas para eliminar el copago en el caso de los jubilados con pensiones más bajas, de los discapacitados y de los menores cuyos padres cobran menos de 18.000 euros al año.