La decisión del alcalde de acatar la orden de pleno y anunciar la readmisión de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, no le ha librado de ser denunciado en Fiscalía por presunta prevaricación. Ayer dos vecinos muy conocidos en el movimiento vecinal alicantino, José Luis Valdés y José María Hernández Mata, presentaron al fiscal una demanda contra el alcalde en la que aluden a dos hechos que, a su juicio, pueden ser constitutivos de delito. Por una parte, consideran que la habido una presunta prevaricación porque «el alcalde ha confirmado que sabía que había una situación ilegal y en fraude de Ley y que incluso había sido informado por el Síndic de Greuges» sobre la situación de los interinos del Ayuntamiento, añadiendo que según documentos periodísticos, «desde que fue nombrado alcalde de Alicante, conocía la existencia de esta situación de presunta ilegalidad administrativa de un colectivo de funcionarios interinos y que hasta ahora no había tomado la decisión de corregirla». De hecho, sólo fue despedida una persona, familiar del portavoz municipal del PP, aunque tras el rechazo a esta medida por parte de la Junta de Personal del Ayuntamiento y de sus propios socios de gobierno, y tras aprobarse una moción del PP en el pleno instándole a la readmisión, Echávarri dio marcha atrás y anunció que el despido quedaría sin efecto y que la situación de los interinos se abordaría de forma conjunta.

Esta rectificación no ha disuadido a los vecinos de recurrir a la Fiscalía. Así, en otro punto de la denuncia aluden a las declaraciones realizadas por Echávarri en medios de comunicación y redes sociales mencionando «que el despido de la interina es un acto administrativo que mandó ejecutar con una orden al concejal de Recursos Humanos, según menciona él mismo, para perjudicar al señor Barcala... por haberlo denunciado ante esa Fiscalía por el tema de las divisiones de facturas en el área de Comercio y hacerlo en exclusiva a través de la persona de Catalina Lutgarda Rodríguez, cuñada del citado señor, y que está incluida en el grupo de funcionarios interinos»

Para los denunciantes, se trata de un acto «que entendemos de presunta prevaricación por un despido que podría ser improcedente hecho de forma individualizada».