La Conselleria de Educación ha comenzado a enviar a los centros concertados de la provincia la comunicación con las aulas de Primero de Bachillerato que han perdido el concierto para el curso 2017-2018. En total son diez unidades de las 20 que hay este curso y que pertenecen a colegios de Alicante, Alcoy, Elda y Elche. La medida siembra el desconcierto y la indignación en las cerca de 400 familias que ven suprimida la plaza en el centro donde estudian sus hijos, muchos desde Educación Infantil, que ahora tendrán que cambiar de centro o, si la dirección correspondiente decide ofertar plazas privadas, pagar entre 400 y 500 euros al mes, según los cálculos de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa). Los colegios afectados en Alicante son el Inmaculada-Jesuitas, Calasancio, Altozano, Salesianos y Maristas. En Elche se queda sin el concierto el colegio Aitana, La Salle en Alcoy y Sagrada Familia de Elda.

Según el conseller de Educación, Vicent Marzà, su departamento «ha planificado para asegurar que haya menos alumnos por aula y más profesorado en todos los centros sostenidos con fondos públicos. La eficacia en la gestión de recursos se traduce en mejor atención al alumnado», subrayó ayer el conseller en una nota en la que destacó que el curso que viene habrá mil profesores más. La ratio de las aulas experimentales de Infantil de 2 años continuarán con un máximo de 18 alumnos; las de 3 y de 4 años serán de 25 alumnos; las de 1º y 2º de ESO de 30 alumnos y las de 1º y 2º de Bachillerato de 35.

El arreglo escolar para el próximo curso fue recibido con desolación en la enseñanza concertada de la provincia. Contundente se mostró Julia Llopis, presidenta de la Concapa, que vinculó los recortes con el decreto del plurilingüismo que prima el valenciano. Así, centros concertados de Alicante como Teresianas o Agustinos no pierden ni un aula, algo que coincide con su adscripción a la línea más avanzada del valenciano.

De momento, el Segundo de Bachillerato no se toca, pero el problema llega para todos los alumnos de cuarto de la ESO, que deberán renovar matrícula para el curso que viene. Algo que aumenta el recorte de plazas, ya que a la convocatoria podrán optar alumnos que no están en el centro, aunque tienen preferencia los que ya cursan este año cuarto de la ESO. Otra opción es que los centros opten por renunciar al concierto y pasar a privados al cien por cien, o implantar un sistema mixto con alumnos concertados y alumnos privados, algo que permite la Conselleria de Educación. Lo que no se puede hacer es financiar aulas privadas con fondos públicos.

La Ley estatal de conciertos educativos, en vigor desde 1985, no regula los conciertos singulares que se hacen para niveles de enseñanza no obligatoria. El 20 de enero, el Consell aprobó un decreto que regulaba los conciertos en los niveles no obligatorios y acabó con los contratos de FP y Bachillerato.

En caso de que el número de solicitudes de conciertos sea superior al número de plazas necesarias, el decreto de conciertos da preferencia a los centros que siempre han estado concertados antes de que hubiera un sistema público educativo generalizado; a los que atiendan a la población desfavorecida; a los centros con experiencias educativas innovadoras; a los que atiendan a la población en su área de escolarización o a los que que hayan contratado profesorado despedido.

Julia Llopis, presidenta en Alicante de la CONCAPA, se mostró desolada. «Educación no ha pensado en los alumnos y la patronal no ha hecho la presión suficiente. Se presenta un problema serio a los colegios porque además del tema de las plazas que se eliminan, se crea un problema de organización del Bachillerato. Puede pasar que muchos alumnos, pese a tener plaza concertada, terminen abandonando el colegio de toda la vida porque deja de ofertar la materia que le interesa».

Roberto Garrido, director del Inmaculada-Jesuitas, subrayó que «aspirábamos a mantener el cien por cien del concierto pero no ha podido ser y perdemos 70 plazas. Lo que está claro es que el colegio tiene un compromiso con sus alumnos y las familias, pero no se pueden financiar plazas privadas con fondos públicos. En cuanto tengamos la confirmación oficial haremos una propuesta a los padres». La ley sí permite impartir en un mismo centro plazas concertadas y privadas.

Según Compromis, formación del conseller Vicent Marzà, el actual Consell se encontró al llegar 1000 millones de euros en sobrecostes del PP en construcción de centros, mas 5.000 profesores echados a la calle hasta 2014, también de la concertada y 6 millones de euros de deuda con la enseñan za concertada. "Pese a las protestas de los colegios concertados, este año han tenido 103 docentes más que el curso anterior. Los retrasos que mantenía el PP con ellos también se han pagado".

El PP, en los tres cursos de recortes (del 2012-13 al 2014-15), tras hinchar las ratios máximas de alumnos por clase un 20%, cerró 606 aulas en los colegios públicos. Lo justificó por la caída de la natalidad y la marcha del alumnado inmigrante. Sin embargo, durante este mismo periodo aumentó el total de aulas concertadas en 78 más.

Para el curso actual, cuyo arreglo lo cerró el PP, la concertada ganó 17 unidades y la pública 310, cifra que el tándem Compromís-PSPV aumentó en 68. Este curso y el próximo la pública contará con 823 aulas más. "Si se restan las 606 recortadas, el balance de cinco cursos es de 217 unidades más. Durante este mismo periodo la concertada ha ganado aulas en todos los arreglos salvo el del próximo curso, con lo que su cómputo final es de 93", asegura Compromís.