Más de 9.000 personas siguen esperando en la provincia de Alicante a recibir alguna de las ayudas o recursos que contempla la Ley de la Dependencia, una cifra demasiado alta si se tiene en cuenta que la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, prometió dejar el contador de la lista de espera a cero antes de que finalice el mandato. Alcanzando prácticamente el ecuador del mismo, esta lista de espera sólo se ha reducido en 2.000 personas, respecto a las 11.000 que en verano de 2015 aguardaban las ayudas de la ley en la provincia de Alicante.
Este atasco hace imposible, de momento, que los expedientes de la dependencia se resuelvan en un máximo de seis meses como marca la ley, según reconoció ayer la propia Mónica Oltra durante una visita a la ciudad de Alicante. «Aún hay expedientes por resolver de 2012 y 2013 y hasta finales de 2018 no podremos ponernos al día al ritmo que vamos y con los recursos que tenemos», señaló ayer la vicepresidenta del Consell durante la presentación del nuevo modelo de servicios sociales.
Parte de culpa de este atasco la tiene, a juicio de Oltra, las restricciones impuestas por Montoro para la sustitución de funcionarios. «Actualmente, a los trabajadores que están metiendo expedientes en el ordenador no se les considera personal de atención directa, como sí ocurre por ejemplo los trabajadores de las residencias». Y ahí, añade Oltra, «las tasas de reposición de Montoro hacen mucho daño, porque no permiten cubrir bajas ni jubilaciones por encima de estas tasas y hay que tener en cuenta que la persona de la residencia no podrá atender al dependiente hasta que el funcionario lo meta en el sistema».
Nueva normativa
Oltra también adelantó que la Conselleria de Igualdad está trabajando en una nueva normativa de la dependencia que verá la luz en las próximas semanas y que, según la consellera, permitirá agilizar determinados procesos.
Con todo, la responsable de la Conselleria de Igualdad defiende que las cifras de la dependencia han mejorado desde que gobiernan en la Generalitat. «La lista de espera en este tiempo en la Comunidad se ha reducido en 16.000 personas».
Respecto al «tirón de orejas» del Síndic de Greuges sobre la gestión de su departamento en este tema, Oltra señaló que esta institución «sabe los esfuerzos que estamos haciendo» y señaló que las quejas por el funcionamiento de la Ley de Dependencia han descendido a la mitad en dos años.
Por otro lado, la vicepresidenta del Consell ha anunciado un incremento presupuestario del 102% respecto a 2016 para el fortalecimiento de los servicios sociales municipales en Alicante, «lo que permite a los ayuntamientos aumentar las contrataciones de personal, pudiendo pasar de los 152 profesionales con los que se contaba hace dos años la provincia a los 570 que podrían formar parte de los equipos sociales municipales». Este dinero permitirá que las ratios de profesionales por habitante pasen de un profesional cada 12.173 habitantes en 2015, a uno por cada 7.115 en 2016, con la previsión de que finales de 2017 la cifra baje hasta uno cada 3.254 habitantes.
Otra señaló que este tipo de ratios quedará «blindado» por ley «frente a los posibles avatares del futuro». Con este aumento de personal la Conselleria quiere que los ayuntamiento asuman algunas de las competencias que antes se prestaban por parte de empresas privadas, como la gestión de los centros Infodona, así como la gestión de la nueva red de centros de atención a las personas migradas.
