La sequía que azota desde el otoño la cabecera del río Tajo, desde donde parte el trasvase de agua a la provincia de Alicante, tiene la infraestructura al borde del cierre debido a que en estos momentos la reserva de agua para enviar caudales a l´Alacantí, Vega Baja y Baix Vinalopó (54 municipios) sólo alcanza los 30 hm³, con lo que solo queda caudal para un mes. El suministro urbano está asegurado por ley y gracias a las desaladoras pero está en juego el abastecimiento agrícola del que dependen miles de empleos y una facturación de mil millones de euros al año.
Esta situación contrasta con el «verde» que se ha instalado en la provincia, donde más ha llovido desde octubre con 1.400 litros por metro cuadrado, cantidad que ha recuperado cauces y acuíferos pero que se ha localizado en las Marinas, desde donde no se puede distribuir por el resto de la provincia, con lo que una parte del agua se va al mar.
En estos momentos, el complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía almacena 430 hm3 tras un invierno muy seco que ha dejado los pantanos a solo 30 hm3 del cierre. En abril de 2016 embalsaban 518 hm3 y la media de los últimos cinco años ha sido de 762 hm3 en este mes. Niveles de reserva que demuestran la dramática situación en la que se encuentra un trasvase estratégico para la provincia de Alicante.
El Ministerio de Agricultura ha recortado en un año casi a la mitad el envío de agua del Tajo a la provincia en plena sequía al pasar de los 38 hm3 mensuales que hubieran correspondido con las antiguas normas de explotación, en vigor hasta octubre de 2015, a los apenas 15 hm3 que llegan ahora tras la entrada en vigor del nuevo escenario hídrico incluido en la Ley de Evaluación Ambiental. Un cambio, apoyado por el Consell y el Gobierno que dotó de garantía jurídica al trasvase, iniciativa que ahora se vuelve en contra y obliga a recurrir a las reservas del embalse oriolano de La Pedrera, las desaladoras subvencionando el precio del agua y a volver a abrir los pozos de reserva para garantizar las cosecha de hortalizas del próximo verano que deben sembrarse en los meses de primavera.
La situación, derivada de la falta de lluvias, confirma los recelos hechos públicos hace un año por el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante y la Diputación, cuando el Ministerio de Agricultura decidió elevar -por razones más políticas que técnicas- hasta los 400 hm3 la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía a partir de la cual no se podrán enviar caudales del Tajo a la provincia y Murcia.
La falta de lluvias en los embalses de cabecera del Tajo-Segura ha aumentado en las últimas semanas la presión sobre el trasvase Tajo-Segura debido a la progresiva caída del nivel de agua embalsada que esta semana está en los 430 hm3, a 30 hm3 de que el trasvase se cierre y no pueda salir ni una gota hacia la provincia. La nueva ley elevó (antes 240 hm3) el límite hasta los 400 hm3 complicando el envío de agua en los ciclos se sequía como el actual, como ya advirtieron en su día la Comisión Provincial del Agua y el Instituto Interuniversitario de Geografía.
El recorte amenaza al riego agrícola y obliga a aumentar la producción de caudal desalado en la planta de Agua Amarga y a acelerar el aumento de la capacidad de las plantas de Torrevieja y Mutxamel para que no haya restricciones al consumo urbano. Algo que provocará a medio plazo la subida de la tarifa tanto para uso doméstico (Taibilla) como para el regadío, pese a que desde el Ministerio aseguran que el agua de riego se pagará a 0,3 euros/metro cúbico, una tarifa política, porque el agua desalada para consumo urbano es ocho veces más cara.
El nivel 3 de las nuevas normas de explotación establece que cuando en los embalses de Entrepeñas y Buendía haya entre 400 y 580 hectómetros cúbicos embalsados, se trasvasarán al campo 20 hm3 al mes, por los 23 hm3 que se habían anunciado en un principio y los 38 hm3 del plan en vigor hasta octubre de 2014. Las normas de explotación del Tajo-Segura garantizan ahora por ley un aporte de mínimo de 38 hm3 de agua al mes, pero siempre que la reserva en Entrepeñas y Buendía no baje de los 580 hm3, cuando la decisión deberá tomarla el ministro de Agricultura. Es a partir de entonces cuando se produce el problema, porque la sequía ha llevado a que el nivel habitual de agua en Entrepeñas y Buendía sea, estructuralmente, inferior a los 580 hm3.
Fuerte desequilibrio
La cabecera del Tajo soporta el 85% de la demanda de agua y tan sólo tiene el 45% de los recursos. Este río acusa una fuerte diferencia hidrográfica y climática, ya que tiene una cabecera hidrográfica, en la cordillera Ibérica, y una cabecera pluviométrica en los macizos de Guadarrama y, sobre todo, de Gredos, con grandes desequilibrios de lluvias. En la cabecera llueve menos incluso que en el río Segura, con precipitaciones medias anuales que no suelen superar los 500 litros por metro cuadrado. En cambio, en la cabecera pluviométrica, que se encuentra en la sierra de Gredos, las precipitaciones se sitúan entre 2.000 y 2.500 litros por metro cuadrado al año, según los datos del Instituto Interuniversitario de Geografía de la UA. «El plan hidrológico del Tajo aprobado hace dos años no tuvo en cuenta este desequilibrio y ahora pagamos las consecuencias en Alicante».
Los agricultores no reciben gratis el agua del Tajo. Desde que se inauguró han pagado ya más de 500 millones de euros en compensaciones ambientales para que se inviertan en Castilla-La Mancha y Madrid, comunidades autónomas que en el nuevo escenario tienen reservados 160 hm3 de agua para abastecimiento urbano desde el mismo «grifo» que Alicante y Murcia.
