Un día antes de acudir a Fiscalía para denunciar el posible fraccionamiento de las facturas en la Concejalía de Comercio, el PP defiende que el área, dirigida por el propio alcalde, ha "eludido la gestión administrativa por la doble vía de utilizar el contrato menor y gestionar la contratación al margen de la gestión por personal funcionarial". Según los populares, "es insostenible" que se "pretenda hacer pasar por un error administrativo que se ha intentado subsanar", en alusión a las facturas por un valor total de 190.000 euros que el tripartito ha elevado al Consell Jurídic Consultiu (CJC) tras advertir el interventor posibles irregularidades.

A través de un comunicado, los populares resaltan que "en el proceso de contratación ha intervenido también personal de confianza de Alcaldía, ajeno al área de Comercio; resulta que las dos personas dependen de la misma: el alcalde, Gabriel Echávarri". A ello, según el portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala, hay que "sumar" el hecho de que "de las 25 facturas de Comercio (todas ellas, contratos menores) que se ha requerido su anulación, 18 fueron aprobadas directa y exclusivamente por el alcalde sin participación de personal alguno de Comercio, y luego hay otras cinco que constan sin ninguna firma".

Este hecho es importante, a juicio de los populares, que mañana irán a Fiscalía a denunciar unos hechos que aseguran pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación. Y es que "es en Alcaldía donde se reciben y aprueban la mayor parte de las facturas, aprobación imposible si no se conociera de antemano su existencia y que el pago era procedente", ha apuntado hoy el portavoz del PP de Alicante. Además, "el hecho de que las facturas estén aprobadas sólo por el alcalde, Gabriel Echávarri, significa que no han entrado primero en Comercio y han sido fiscalizadas por el jefe del servicio o de departamento, que les dan el visto bueno y firman antes de pasar a la aprobación del primer edil, como sería lo normal".

Por otra parte, el dirigente del PP de Alicante considera que "resulta muy raro que se envíe al CJC un expediente con unos informes donde no se dice claro que pueda haber fraccionamiento de contratos". Y es que, según el PP, "no se está pidiendo la opinión del CJC, sino que se trata de un trámite preceptivo donde el CJC debe decir si procede, o no, la anulación y la propuesta que se le remite debe estar perfectamente justificada, ya que podría suceder que el Consell concluya que no procede la anulación de los mismos por no estar motivada suficientemente la propuesta".

Por esta razón, Barcala confía en que el CJC entre "al fondo del asunto" y requiera al tripartito de Alicante "cuantos datos y documentos sean necesarios". Los populares recalcan que puede darse el caso de que el CJC "concluya que no procede la anulación de los contratos al no estar suficientemente motivado el expediente" y que ese dictamen sea utilizado por el equipo de gobierno liderado por Echávarri para justificar que no ha habido fraccionamiento de contratos, "cuando no es así".