El portavoz municipal de Compromís en Alicante y del equipo de gobierno, Natxo Bellido, acusó ayer el PP de «buscar el titular» al anunciar que denunciará ante la Fiscalía el presunto fraccionamiento de contratos en el área de Comercio, y le instó a hacer «una oposición más constructiva». No obstante, se pronunció también favorable a la creación de una comisión de investigación sobre el tema, tal y como ha solicitado Ciudadanos, dado que, recalcó, «se debe colaborar en todo lo que sea transparencia» y «ver si es necesario dar explicaciones».
Para Bellido, la actitud del PP «demuestra que lo único que saben hacer es llevar los temas a los tribunales» y, en este sentido, señaló que «hubiera estado bien que en legislaturas anteriores hubieran tenido la misma voluntad». También consideró la decisión de llevar este tema la Fiscalía como una reacción de los populares a que «Ciudadanos les había tomado la delantera», en el sentido de que fue este grupo municipal el que pidió primero una comisión de investigación para esclarecer si ha existido algún fraccionamiento irregular de contratos en la concejalía de Comercio, área que gestiona directamente el alcalde, Gabriel Echávarri.
El portavoz se mostró dispuesto a crear la comisión pedida por Ciudadanos, «y que el alcalde ponga a disposición de los grupos toda la información». Al respecto, insistió en que «la transparencia «es un valor en este equipo de gobierno» y, por ello, consideró que «si algo no se ha hecho correctamente, debe corregirse y valorar si hay que tomar responsabilidades políticas». En cualquier caso, censuró la actitud del PP de «ir siempre a los juzgados, sin tener toda la información» sobre un tema.
Mientras tanto, desde el PP, su portavoz, Luis Barcala, señaló ayer que otro de los indicios de ilegalidad que han encontrado en los contratos presuntamente fraccionados es que «no existen antecedentes, ni hay expedientes y se ha contratado de forma directa y verbalmente en la mayoría de los casos». Añadió que en la investigación que ellos han realizado se observa que en la concejalía de Comercio «no constan ni planes ni proyectos indispensables para haber hecho la contratación». Para Barcala, resulta «inaudito» que se puedan gastar 190.000 euros «sin que haya rastro» de la contratación. Además, afirma que «se ha omitido toda publicidad previa, y se ha impedido la concurrencia de ninguna otra empresa que pudiera haber estado interesada» en que le fueran ajudicados los correspondientes contratos.
