Las multas por exceso de velocidad en los radares fijos de la provincia se han incrementado en un 4% en un año, pese a que algunas de las estaciones de control no han estado operativas todo el tiempo o ni siquiera han llegado a funcionar. Lo ponen de manifiesto los datos recogidos por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que señalan que los 12 radares con mayor actividad sumaron 51.179 sanciones a lo largo de 2016, frente a las 49.214 que se contabilizaron en esos mismos puntos el año anterior. Las cifras evidencian que se han intensificado los controles o que los conductores han pisado más el acelerador de manera indebida -o ambos factores a la vez-, pero el deglose por estaciones y su comparativa con 2015 muestra cómo la operatividad de estos radares no ha alcanzado el 100%.
La necesidad de homologar tanto el radar como la cabina que lo alberga hace que no siempre los puntos de control de velocidad en marcha o, incluso, que ni siquiera funcionen. Sólo esto último puede explicar que en estaciones como la que hay en el km 487 de la A-7, bajando desde Alcoy hacia Alicante -justo donde termina la fuerte pendiente desde el Maigmó-, no se haya interpuesto ni una sola multa en 2016, ni en 2015. Ese último año tampoco debió funcionar el radar que hay en el km 151,6 de la N-332, en Benidorm, pero en cambio sí lo hizo en 2016, ya que pasó de 0 a 4.191 sanciones.
Este funcionamiento parcial de los radares también explique, muy probablemente, otras grandes oscilaciones en el número anual de multas en radares fijos. Los casos más llamativos se dan en los extremos del túnel de Sant Joan, en la A-70; el tramo está limitado a 80 kilómetros por hora, y en cada extremo hay un radar, ambos bastantes conocidos para los conductores alicantinos por su actividad. Sin embargo, el que hay en sentido València (km 4,4) ha pasado de detectar 14.958 infracciones en 2015 a 1.951 en 2016, y el del otro extremo (km 2,4) ha caído también de 10.592 a 5.314 multas. No cabe dudar de la concienciación de muchos conductores en relación al riesgo de llevar una velocidad excesiva y de respetar los límites, pero aún así esas variaciones tan altas dan pie a muchas suspicacias.
En el aspecto contrario, otros radares han incrementado su actividad de manera exagerada, lo que también levanta sospechas sobre su operatividad en el pasado. El que hay en el km 171,8 de la A-31, en Villena, se ha convertido en el principal «cazador» de infractores en la provincia, con 14.102 sanciones en 2016 frente a 4.738 el año anterior. Le sigue el del kilómetro 521,9 de la A-7, en Elche, que también ha subido en un año de 7.958 a 10.694 multas. Asimismo, ha aumentado de manera notable la actividad en el radar del km 18,5 de la A-70 (Alicante), que pasó de 515 a 2.537 multas; igualmente lo ha hecho el del km 140,9 de la N-332 (La Vila Joiosa), que subió de 458 a 2.283 sanciones. El resto de estaciones de control mantuvo en 2016 valores similares a los de 2015.
Ubicación discutida
El presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que debe replantearse la política de radares por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), ya que «no discutimos su necesidad para la seguridad vial, pero sí su ubicación». En este sentido, recuerda que muchas de las cabinas están en autopistas y autovías, cuando «la peligrosidad de las carreteras convencionales es mayor». Asimismo, incide en que «el éxito» de un radar es que, gracias a la concienciación en torno a la seguridad vial, «cada vez ponga menos denuncias, no más».
A su vez las denuncias, según Arnaldo, «deben ser un elemento preventivo y no un instrumento para recaudar». Sin embargo, una reciente respuesta parlamentaria al PSOE ha revelado el gran incremento de la recaudación por multas en los radares de tráfico (fijos y móviles), de 127 millones de euros en 2015 a 164 en 2016, más de 3,4 de ellos en la provincia de Alicante. Mientras tanto, el presidente de AEA recuerda que «no ha bajado la accidentalidad», por lo que considera que «no está teniendo efecto» la política actual de radares.
