Gabriel perdió a su padre hace diez años a causa de un tumor cerebral. Su madre, Ana María Ferrández, emprendió la lucha en los tribunales para conseguir para su hijo, menor y discapacitado, una pensión de orfandad de por vida estipulada en 784,77 euros mensuales «porque no puede valerse por sí mismo», explica Ana.
Por la dependencia del menor - con dictamen de un 67% de discapacidad pese a que no se puede ni mover- recibe 268 euros, y se le deniega el denominado «concurso de tercera persona» porque no alcanza el 75%. La madre cuenta con otros 213 euros de su paro, así que no llegan a 500 al mes, «y el alquiler son 360. No llego, me tienen que ayudar con la comida».
Sobre la pensión de orfandad explica que «siempre me denegaban la reclamación porque se cerraba el expediente y caducaba, hasta que un funcionario me abrió los ojos y me sugirió que recurriera a un abogado». La esperanza había sostenido desde entonces a Ana María porque se le aseguró que tenían que concedérselo.
De hecho, los juzgados de Alicante le dieron la razón acogiéndose a la «teoría humanizadora» por entender que «los familiares más cercanos no deben resultar perjudicados» frente a un «descuido legal por parte del fallecido», como explicita la doctrina jurídica. Pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social recurrió ante el TSJ y el pasado marzo el tribunal echó para atrás la ayuda que Ana pedía para su hijo.
La administración alegó que el fallecido no contaba con un contrato laboral al morir. Al parecer el padre trabajó sin estar dado de alta y no constan los contratos suficientes para cumplir 500 días cotizados los últimos cinco años previos a la defunción. Y se añade que tampoco cumplía un mínimo de 15 años cotizados exigidos.
El día a día
«Mi marido murió con 30 años y no han tenido en cuenta que tenía una adicción. En otro caso admitido por doctrina humanitaria el fallecido llevaba dos años alcohólico y sin cotizar, pero a mi hijo le han discriminado porque es discapacitado, su pensión sería de por vida y como no es incompatible con la minusvalía les cuesta dinero. No es justo».
Ana sufre ansiedad y depresión diagnosticada . «El día que me relaje me paro del todo. Me estoy culpando toda la vida y mi hijo ha desarrollado agresividad por esto y yo soy su esclava. Tiene parálisis cerebral infantil y retraso madurativo, que va a más. No camina, no tiene otra cosa que la silla de ruedas y la cama. La administración lo escolariza y se lava las manos. No nos ayudan, esa es la realidad», relata desesperada. Como los huesos se le van deformando, Gabriel precisa de continuas operaciones «y no va a mejorar, pero necesita un futuro. Parece que esperan que yo muera para que le quede algo a mi hijo. Es todo muy injusto», lamenta.
