El Ministerio de Agricultura ha desbloqueado el conflicto que mantenía con la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó tras el cierre a finales de diciembre del trasvase de aguas desde el Azud de la Marquesa y ha llegado a un nuevo acuerdo provisional -el cuarto en dos años- para volver a enviar agua desde València a un precio político de 0,18 euros el metro cúbico (el coste real serían 0,30 euros sin incorporar la desalación), la tarifa máxima que pueden pagar los agricultores.
De esta forma, desde este mes y hasta final de año llegarán al Vinalopó y l'Alacantí un total de 15 hm³ que garantizan la plantación de las cosechas del verano y el otoño. El trasvase sigue, no obstante, sin convenio de explotación pero los regantes han acogido con satisfacción las negociaciones del presidente de la Junta, Andrés Martínez, que negocia ahora con el Ministerio de Agricultura activar una toma del agua desde el embalse de Alarcón. En el acuerdo sigue vigente la incorporación de la desaladora de Mutxamel para consumo urbano y, de momento, se ha paralizado el pago de la amortización de su coste por los agricultores.
El caudal que se toma en el Azud de la Marquesa no tiene la calidad sanitaria para poder ser utilizado para el consumo humano, incluso aunque se tratara en una potabilizadora, al contener restos de plaguicidas durante muchos meses del año. Circunstancia de la que viene alertando el Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante desde 2005, y que hace un año el ministerio admitió de manera oficial.
En Cullera hay agua en cantidad para trasvasar, pero resulta imposible que sea la única alternativa, debido a su escasa calidad -el caudal está repleto de restos de plaguicidas- y los elevados costes energéticos para elevarla hasta la provincia tras superar los 768 metros de altura de diferencia entre el Azud de la Marquesa y el Vinalopó.
De ahí que los regantes, descartada la toma de Cortes de Pallás, planteen ahora la alternativa del embalse de Alarcón donde los datos son irrefutables. Hay agua de sobra para enviar los 12 hm3 al Vinalopó, máxime porque, además, los regadíos de la Acequia Real del Júcar y la Ribera valenciana se han modernizado en los últimos años con los 188 millones de euros transferidos por el Gobierno y el Consell.
Según los informes que manejan Consell y Gobierno, la disponibilidades del río Albaida, desde donde se compensaría a los regantes valencianos por la captación de recursos en el embalse de Alarcón (llegarían a Alicante por la infraestructura del Tajo-Segura), oscilan en torno a una media de 58 hm3 anuales, lo que permite atender los 23 hm3 de demandas pendientes a cargo de estos recursos. De esos 35 hm3, la media de regulación garantizada es de unos 17 hm3 anuales, cifra superior a los 12 hm3 que reclama la Junta Central de Usuarios.
El Ministerio de Agricultura empieza a rectificar, y si no hay nuevas sorpresas se salvará de tener que devolver los 120 millones de euros que le prestó Bruselas para construir el trasvase Júcar-Vinalopó, ya que la «solución Alarcón», permitiría presentar a la Comisión Europea un trasvase que sirve para beber y regar. La incorporación de los ayuntamientos al trasvase, los mismos que quedaron descolgados en 2005 cuando se cambió la toma y se decidió captar el agua en Cullera da también viabilidad económica al proyecto. Otra opción aceptada por los usuarios es la incorporación de la desaladora de Mutxamel al sistema, planta que asegura el caudal urbano en la comarca de l'Alacantí, permitiendo así dejar de extraer agua de los acuíferos.
Para el Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante, el gran problema del río Júcar no sería, sin embargo, el trasvase desde Cortes de Pallás si recuperara esta toma del agua. El gran problema está en la Mancha Oriental, donde sigue la expansión imparable del regadío, que suma ya más de 135.000/ha. «Y sobre este gravísimo problema nadie dice nada ni nadie pone solución: ni la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni el ministerio ni los regantes de la Ribera. Hay agua del Júcar para regar maíz y alfalfa en Castilla-La Mancha pero no para beber en Alicante», subraya Antonio Rico, director del instituto, que considera un «ejemplo de insolidaridad que la Ribera valenciana, la misma que recibe agua de un río alicantino, el Serpis, se niegue a darnos agua para beber».
