Cuentan los que le conocen que José Luis de la Fuente es un juez extremadamente formalista, de los que ante un error subsanable prefieren arrojar el folio que tirar de tipex. De trato afable aunque poco dicharachero con aquellos que no pertenecen a su círculo más próximo, este magistrado tiene en su mano el devenir del proceso abierto por el asesinato de María del Carmen Martínez, un caso que a la enorme conmoción que provocó el crimen se suma su no menor repercusión mediática y la expectación con que se están siguiendo los pormenores de una investigación a la que la puesta en libertad del sospechoso dejaría no hundida, pero sí tocada.

Una instrucción que ha conformado, como un espejo de lo que ocurre en la propia familia de la víctima, dos bandos: quienes no tienen duda de que Miguel López descerrajó dos tiros en la cabeza a su suegra, y los que le ven incapaz de hacer algo así. Entre sus principales valedores cuenta con las tres hijas de la fallecida, Mar, Antonia (Tania) y Fuensanta (Fany), su mujer. No así el mayor de los cuatro hermanos, Vicente, convencido de que su cuñado acabó con la vida de su madre por la disputa empresarial que mantiene partida en dos a la familia.

A favor de los que proclaman la inocencia juega una investigación que más de tres meses después del asesinato arrastra el lastre de no haber aportado ninguna prueba directa que incrimine a Miguel López, encarcelado desde hace más de un mes como presunto autor material del asesinato.

En su contra pesan más de una veintena de lo que la Policía denomina «evidencias» y cuya suma fue más que suficiente para que el fiscal, después de pensárselo tres veces, pidiera su detención primero y la cárcel después. Y para que el magistrado acordara ambas.

Sobre esta última, la prisión provisional comunicada y sin fianza que dictó el 10 de febrero, es acerca de lo que el juez De la Fuente tiene que pronunciarse en breve. Aunque el abogado de Miguel López ya aprovechó la vista en la que se le comunicó que se abría un procedimiento por jurado para reclamar la excarcelación de su cliente (el pasado 16 de febrero, la última vez que el sospechoso traspasó los muros de Fontcalent), la de ahora es la primera petición formal que ha de resolver.

Y lo tiene que hacer ya no a tenor de lo que recoge el expediente policial de las actuaciones llevadas a cabo por los agentes del grupo de Homicidios, aunque supervisadas por él, sino después de haber escuchado en vivo y en directo las declaraciones de las últimas semanas. Testimonios de la familia directa de María del Carmen (sus hijos, su hermana y otro de sus yernos), de allegados (como el letrado Antonio Moreno) y de empleados de las empresas familiares que, como la de automoción donde se perpetró el crimen, Novocar, lo eran de ambos: de la víctima, a la que llamaban jefa, y del yerno.

Sin olvidar en este punto las comparecencias del inspector jefe responsable de la investigación que, como es lógico, ratificó todas y cada una de las pesquisas realizadas. Y la de los primeros agentes en llegar al lugar del crimen, a los que la defensa citó buscando lo que acariciaba como la prueba del nueve de que su cliente no podía ser el asesino (la hora en la que el empleado del lavadero vio a la viuda del expresidente la CAM de Vicente Sala antes de ser tiroteada) pero que se le acabaron volviendo en contra.

Con estos mimbres tiene el juez que tomar una decisión sin perder de vista no sólo estas luces y sombras sino también cómo la percibirá una sociedad de la que saldrán los jurados que, de celebrarse juicio, serán los encargados de emitir el veredicto que absuelva o condene a Miguel López por el asesinato de su suegra.