Llegados de toda la provincia, desde Calpe, Benidorm, Orihuela, Almoradí o Torrevieja, entre otros, y de colegios de Alicante como La Almadraba y Mediterráneo en la Playa de San Juan, un millar de familias no cesaron de pitar durante una hora, ante la sede del Consell en Alicante, contra el decreto de plurilingüismo que el conseller Vicent Marzà implantará este próximo curso en los centros educativos.
Al grito de «libertad, libertad», y con peticiones por la dimisión de Marzà, los manifestantes exigían más inglés y menos valenciano en una multitud de carteles y pancartas de protesta.
«Ante la imposición, oposición», era otro de los mensajes más repetidos en carteles de grandes dimensiones que portaban padres de centros tanto públicos como concertados.
Presión
Los manifestantes, que inicialmente ocupaban la mitad de la superficie del Paseo de Gadea, fueron acercándose a las puertas del edificio del Consell pacíficamente, pero sin dejar de emitir sonoros pitidos y saltando finalmente a la calzada, ante lo que las fuerzas de seguridad optaron por cercar la acera con cintas de seguridad y mantener la protesta a raya.
«El PSOE permite, entonces dimite»; «Marzà , no crees guetos en un mundo globalizado», «Marzà, el mundo ya es global y tú eres regional», «Yo hablo castellano y tú valenciano, ¿por qué no me respetas si yo a ti sí?», «Para amar el valenciano no hay que odiar el castellano» o «Sin inglés ni castellano, no paso del rellano», fueron mensajes que se dejaron ver y oir contra el decreto del conseller.
Significados cargos del PP en la provincia como la senadora Asunción Sánchez Zaplana , el vicepresidente de la Diputación Carlos Castillo, el vicesecretario autonómico José Juan Zaplana, la diputada Elisa Díaz, Antonio Ardid, y los ediles Barcala, De España y Gallo, se sumaron a la protesta «a título personal y no como partido político», subrayaron.
Desde Ciudadanos, la diputada nacional Marta Martín, significó haber puesto en manos de la Alta Inspección Educativa del ministerio el decreto de plurilingüismo «para que determine sobre su legalidad o ilegalidad, porque entendemos que atenta contra derechos básicos como la libertad de elección educativa».
Junto a esta representante, el también diputado José Cano, la síndica Carmen Sánchez, el senador Luis Quesada, el edil Buades y el portavoz de la Gestora, Fernando Llopis. Además de los sindicatos docentes USO y FSIE.
La protesta concluyó con la recogida de firmas para entregarlas al ministerio, y la recomendación de los convocantes de que se acuda al Síndic de Greuges.
Por su parte, la presidenta de la confederación de padres de centros concertados, Julia María Llopis, agradeció el respaldo de las familias y subrayó que su presencia implica que «están empezando a tomar conciencia y que van a reclamar. Nosotros presentaremos recurso para que se paralice cautelarmente el decreto, porque afectará a los alumnos si se pone en macha», concluyó.
