El Ministerio de Hacienda continúa sin levantar el pie del acelerador. El departamento que dirige Cristóbal Montoro acaba de remitir un escrito a los 141 ayuntamientos alicantinos y la Diputación en el que les pide toda su previsión de ingresos y gastos para 2018, 2019 e incluso 2020. Es decir, para los tres próximos ejercicios económicos. El último, por cierto, ya del siguiente mandato. La decisión de solicitar tal volumen de información no ha cogido por sorpresa a los alcaldes. Eran conscientes de que el Ministerio les iba a reclamar todos los datos de los tres próximos años, tal y como viene haciendo desde 2012, cuando la crisis económica se encontraba en su momento álgido. El 1 de octubre de ese año, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una orden para poner coto a los desmanes que se habían producido en algunas entidades locales. Hacienda aumentó el control sobre los ayuntamientoscontrol , les impuso ajustes y les obligó a transmitir sus datos económicos de manera más exhaustiva y con una mayor periodicidad.
Pronto llegaron los resultados. Los consistorios alicantinos redujeron de manera considerable su déficit déficit y cumplieron, en su inmensa mayoría, con los requisitos de Madrid. De ahí que varios alcaldes reclamen ahora al Ministerio que levante el pie del acelerador. «Hemos cumplido con creces», resume un primer edil de la provincia, «y por eso queremos que ya no se ponga la lupa sobre nosotros».
Pero, ¿qué es exactamente lo que el Ministerio quiere saber?». Madrid no ha querido dejar margen a la improvisación de los ayuntamientos y por ello les ha enviado un cuadro estadístico que han de rellenar. Especialmente significativo es el apartado de los gastos. En él, los concejales de Hacienda han de plasmar por escrito el dinero que prevén recaudar gracias a «modificaciones de políticas» para 2018, 2019 y 2020. En un momento, por cierto, en el que un gran número de consistorios no tiene ni tan siquiera aprobadas sus cuentas de 2017. El cuadro elaborado por el Gobierno incluso da pistas a las entidades locales de dónde pueden meter la tijera. Las plantea 15 medidas. Entre ellas, «reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)», «reducción del número de personal de confianza», «disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas mayores a la mitad de su capital social», o «reducción de celebración de contratos menores», entre otras.
En ese mismo capítulo de gastos, Hacienda también ha reclamado a los ayuntamientos y la Diputación que cuantifiquen el ahorro previsto por la «no ejecución» de inversiones que sí estaban contempladas en un principio y los fondos previstos para amortizaciones de préstamos.
