El Ministerio de Agricultura y la Generalitat de Cataluña han llegado un principio de acuerdo para la construcción de una nueva tubería de 122 kilómetros desde el río Segre, principal afluente del Ebro, para garantizar el abastecimiento del área metropolitana de Barcelona. Una derivación de caudales que se sumará a las de Santander, Bilbao y Tarragona y que se produce, una vez más, mientras a la Comunidad Valenciana se le niega el trasvase de agua desde la desembocadura del río que sigue siendo el más caudaloso de España y menos expuesto a las sequías.
La noticia ha vuelto a encender los ánimos de los regantes alicantinos, como ayer subrayó Ángel Urbina, portavoz de la federación provincial de regantes y presidente de la sociedad de transformación de San Enrique, una de las afectadas por cierre desde hace dos meses del Júcar-Vinalopó. «El Gobierno ignora a las cuarta provincia de España y ahora plantea un trasvase de tapadillo del Ebro a Cataluña, cuyo gobierno quiere separarse de España. No hay quien lo entienda. Mientras nosotros nos tenemos que arreglar con las desalinizadoras de Torrevieja y Mutxamel».
La aportación de caudales, según apuntó anteayer el rotativo catalán El Periódico, se hará a las poblaciones de Barcelona y de Tarragona, según acordó en 2011 la Confederación Hidrográfica del Ebro, responsable de la gestión de todos los recursos hídricos que vierten en el río Ebro, que ya dio luz verde al proyecto hace más de seis años. El canal final prevé aprovechar una parte de la red de canalizaciones ya existentes y construir 122 kilómetros de nueva red, siete estaciones de bombeo (el agua ha de ser elevada hasta 400 metros de altura) y tres depósitos de regulación. Con toda esta infraestructura se podrá suministrar a los municipios en un plazo de aproximadamente tres años, con una inversión total de más de 21 millones de euros. Mientras, en Alicante, el Ministerio de Agricultura ha impuesto la desalación como alternativa a la falta de recursos en los trasvases del Tajo y el Segura.
Ley de Estructuras Agrarias
Por otro lado, el Consell aprobó anteayer al anteproyecto de Ley Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana. El objetivo principal de esta ley es establecer un nuevo marco general que impulse la mejora de las estructuras agrarias en la Comunidad. El modelo agrario adolece, según el Consell, de debilidades estructurales que sitúan a los productores en una situación de desventaja en la cadena de valor y que el Consell quiere convertir en fortalezas. Entre las medidas, la Generalitat incentivará fiscalmente la compra y arrendamiento de tierras para dedicarlas a la agricultura.
En los últimos 20 años, se han abandonado alrededor de 35.000 hectáreas de cítricos; la edad media de los profesionales del sector agrario se ha elevado de 48 a 64 años; el número de personas ocupadas en el sector ha caído en un 70% y el tamaño medio de las explotaciones en las zonas de regadío no supera la hectárea.
