El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, recurrirá a una tramitación de emergencia para garantizar la limpieza de los colegios y las dependencias públicas a partir del próximo 1 de marzo, fecha en la que finalizará la prestación del servicio a cargo de una empresa de Enrique Ortiz.
El empresario anunció al tripartito, a través de un escrito registrado en el Ayuntamiento el pasado 15 de febrero, su renuncia a un servicio que lleva prestando veinte meses fuera de contrato y por el que ha cobrado 14 millones de euros. El escrito de Ortiz se registró en el Ayuntamiento justo unos días después de que un juzgado ordenara el ingreso en una cuenta del Banco Sabadell los pagos (unos 750.000 euros al mes) relativos a la prestación del servicio de limpieza, tras las demandas presentadas por la entidad financiera que reclama al empresario el pago de créditos por un valor total de unos 140 millones de euros.
Justo un día después de que Ortiz informase de manera oficial al tripartito del cese de actividad, el mismo juzgado levantó la orden de embargo sobre los ingresos del empresario tras atender su recurso en el que alegaba que la retención de los pagos podía suponer la «asfixia financiera» de la empresa que prestaba el servicio.
Ante esta situación de incertidumbre, Echávarri anunció ayer el mecanismo al que recurrirá para garantizar la salubridad en colegios públicos y centros municipales. El Ayuntamiento se acogerá al artículo 113 de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que se recogen las fórmulas de las que dispone la administración para actuar de «manera inmediata». Fuentes del PP aseguran que fue el mecanismo al que recurrió el anterior equipo de gobierno durante la huelga de recogida de basura, que tuvo lugar a principios del año 2014 y se prolongó durante algo más de una semana.
El Ayuntamiento ha invitado a tres empresas (FCC, Ferrovial y Clece) a que pujen por un servicio que se ofrecerá hasta que concluya un proceso de contratación que acaba de empezar con la aprobación del pliego de condiciones. Echávarri valora la inclusión de una cuarta mercantil (Sacyr) que ha mostrado interés en participar en un concurso en el que primará el precio, ya que las empresas están obligadas a mantener las condiciones laborales.
La Junta de Gobierno local prevé aprobar el nuevo contrato la próxima semana, por el que se pagará como máximo el precio de la licitación vigente (766.000 euros al mes), es decir, unos 16.000 euros más de los que cobraba, según fuentes municipales, la empresa de Ortiz, que sigue sin presentar las facturas relativas a los meses de diciembre y enero. Echávarri afirmó ayer que reclamará a Ortiz por vía judicial el dinero extra que le cueste al Ayuntamiento la contratación de una nueva empresa.
El vicealcalde, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), se mantuvo ayer firme en su defensa de la municipalización del servicio, a la vez que aseguró desconocer los informes contrarios a que el Ayuntamiento se hiciera cargo de los trabajadores hasta la nueva adjudicación del servicio de limpieza.
