El Ayuntamiento de Alicante llevará a los tribunales al empresario Enrique Ortiz si la mercantil que él gestiona deja de limpiar los colegios públicos y los edificios municipales el próximo 1 de marzo, tal y como ha anunciado que hará. El alcalde, Gabriel Echávarri, señaló ayer que Ortiz tiene ahora mismo suscrito un contrato con el consistorio, en vigor hasta el mes de junio, y que por lo tanto está obligado a cumplir. Por ello, se mostró dispuesto a acudir al juzgado si el 1 de marzo deja de prestarse el servicio contratado.
Tal y como publicó ayer este periódico, la mercantil Ortiz e Hijos, Contratista de Obras ha presentado un escrito en el registro del Ayuntamiento en el que anuncia su intención de dejar de limpiar los colegios y edificios municipales el 1 de marzo por estar haciéndolo bajo «una contratación encubierta del servicio con una duración indefinida condicionada a su voluntad o libre discrecionalidad», algo que califica como una «ilegal precariedad». Sin embargo, el alcalde replicó ayer que sí hay un acuerdo firmado entre la mercantil de Ortiz y el Ayuntamiento, y que mientras esté vigente ha de haber servicio.
Echávarri recordó que, cuando el actual gobierno municipal tomó posesión, el consistorio «tenía sobre la mesa una demanda de Ortiz, en la que pedía al juzgado una prórroga de dos años» de la anterior contrata, que vencía en junio de 2015. El acuerdo finalmente se suscribió, con una rebaja del importe del 5% y una vigencia hasta que el servicio tuviera otro concesionario o se municipalizara. Ahora se ha sacado a licitación el nuevo pliego, pero el resultado de este concurso no se conocerá, según el alcalde, al menos hasta junio.
Por ello, agregó, Ortiz «está obligado» a limpiar los colegios hasta entonces. De lo contrario, recalcó, «que no dude que desde el Ayuntamiento actuaremos con contundencia». Echávarri hizo hincapié en que «es un tema muy serio, que pone en inquietud vital» a las más de 400 familias de los trabajadores de la contrata y hace peligrar «un servicio imprescindible».
Censura del PP
Mientras, desde el PP calificaron ayer de «torpe e incompetente» al equipo de gobierno, al que acusaron de hacer «una chapuza detrás de otra». El portavoz municipal de la formación, Luis Barcala, criticó que «se han pasado 20 meses pensando y repensando si municipalizaban o sacaban a licitación» el servicio «hasta llegar a esta situación», y entre tanto «los alicantinos están pagando más de 700.000 euros cada mes».
