El despido de los 6.000 profesores interinos de la provincia que se hace un curso tras otro (desde que el Consell del PP decidió la medida para ahorrar costes), representa un gasto anual de seis millones de euros. La Conselleria de Educación les despide en julio, pagándoles la correspondiente indemnización, y les vuelve a contratar en septiembre.
Esta fórmula, comúnmente establecida y que se arrastra de anteriores gobiernos del PP, de despedir al trabajador eventual para volver a contratarle sin crear la plaza fija implica un pago en concepto de indemnización para cada uno de los despedidos de 20 días por cada año trabajado.
En la práctica implica pagar la indemnización, el mes de vacaciones que corresponde a los trabajadores despedidos que pasan al paro y cobran prestaciones si cuentan con las cotizaciones pertinentes.
En el caso de la enseñanza en la provincia, este volumen de docentes interinos que cesa el 31 de julio y se incorpora el día 1 de septiembre -porque perciben el salario en vacaciones como el resto de funcionarios, que sólo se eliminó los años 2012 y 2013 en que el PP aplicó los recortes económicos-, implica un coste añadido de 6 millones cada año.
Un informe del sindicato de enseñanza de CC OO en la provincia alerta en este sentido de que el coste de los docentes interinos, dependientes de la dirección territorial de Educación en Alicante, en concepto de indemnización por todos los nombramientos de los últimos cuatro años, asciende a 24 millones de euros.
«El personal eventual no puede perpetuarse sine die» -valora el delegado sindical Francisco García-. Entre otras cosas, añade, «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea «obliga -tras varias sentencias- a reconocer y a pagar una deuda acumulada al profesorado interino de la provincia de Alicante de más de 24 millones, en concepto de indemnización de todos los nombramientos de los últimos cuatro años».
García subraya que la medida repercutirá económicamente cada año sobre la conselleria «mientras la precariedad del sector se mantenga en los índices actuales de un 21% de profesores eventuales sobre el total de la plantilla docente».
Aumento
Son más de 12.000 profesores , entre el conjunto de 50.000 de la plantilla en la Comunidad, los que rotan de puesto cada curso y vuelven a ser contratados tras ser despedidos. De ellos, hasta el 60% están en la provincia de Alicante, según constata el sindicato. «Los últimos seis años se han disparado las cifras de precariedad en el sector», precisa el sindicalista.
Antes de que se aplicaran los recortes del PP, el índice de interinos en la enseñanza era del 17%, «y ascendió después al 19%, para seguir subiendo los dos últimos años, con el nuevo Consell, hasta el 21% actual», concreta García.
Las referidas sentencias jurídicas de la Unión Europea, que reconocen la deuda acumulada por el coste de los 20 días de indemnización,al despedir y volver a contratar a cada interino, se sustentan en la directiva europea 1999/70 y en el Estatuto Básico del Empleado Público. El tribunal europeo plantea «cortar de raíz» una práctica generalizada en la administración pública, por entender que es «abusiva».
«Es momento de repensar la política de personal, porque índices de entre un 6% u 8% de eventualidad pueden ser razonables, pero la Conselleria de Educación dista mucho de esas cifras», sostiene García. En palabras del sindicato, «mantener la precariedad laboral frente a lo que obligan las necesidades del servicio», y con un coste incluso superior para las arcas públicas, supone una «malversación de fondos públicos y un fraude frente a las propias leyes».
Dada la situación, CC OO exige de la Conselleria de Educación «un plan de choque para la reducción de la precariedad y la temporalidad de las plantillas».
Los representantes docentes de esta formación reclaman al conseller Vicent Marzà «que haga ya una propuesta y empiece la negociación, para resolver el problema y desterrar el abuso de la contratación temporal».
Con todo, García puntualiza que el mayor coste de un servicio público precarizado, como el de la enseñanza, «no es tanto el económico, que estamos pagando entre todos, sino el de la pérdida de la calidad en la educación por la inestabilidad de los proyectos».
