"Unos y otros y la casa sin barrer", ha afirmado hoy el portavoz del Grupo Municipal Popular, Luis Barcala, que ha calificado al tripartito de "torpe" e "incompetente", capaz de hacer "una chapuza detrás de otra" como es en el caso de la limpieza de colegios y edificios públicos, donde la empresa de Enrique Ortiz, que desde hace 20 meses presta el servicio fuera de contrato, ha decidido dejar de hacerlo a partir del 1 de marzo sin que se haya adjudicado la nueva contrata. "Se han pasado veinte meses pensando y repensando si municipalizaban o sacaban a licitación este servicio público hasta llegar a esta situación, y durante todo ese tiempo los alicantinos están pagando más de 700.000 euros cada mes".

"El tripartito del alcalde, Gabriel Echávarri, es el desgobierno elevado al cubo", ha criticado Barcala, quien ha explicado que "de momento, la factura por la prestación de este servicio asciende a 14 millones de euros y la previsión es que alcance los 17 millones". El dirigente del PP ha afirmado que el gobierno municipal del PSOE, Compromís y Guanyar "es especialista en crear problemas donde no los hay", y ha instado al primer edil de Alicante a "que se ponga a trabajar para evitar el posible caos que se avecina si en dos semanas el Ayuntamiento no está en condiciones de garantizar una limpieza de calidad en los 53 colegios de Alicante y en los edificios públicos, donde acuden a diario miles de personas".

Barcala, que no ha dudado en calificar de "muy grave" la situación originada por el tripartito, ha señalado también que "ahora los 400 trabajadores que prestan el servicio de limpieza de colegios y centros municipales se encuentran en una total incertidumbre porque no saben qué va a suceder en el futuro".

Por otra parte, Barcala ha llamado la atención sobre el hecho de "que sea la propia mercantil la que señale en un escrito registrado el pasado día 15, que se trata de una ilegalidad del proceder de la administración al significar una contratación encubierta del servicio, con una duración indefinida condicionada a su voluntad o libre discrecionalidad, y que la misma empresa lo califique de ilegal precariedad". En este sentido, ha recordado que el PP ya ha advertido de la "irresponsabilidad" en la que estaba incurriendo el tripartito y sus posibles consecuencias legales.