El empresario Enrique Ortiz ha logrado que al menos uno de los tres jueces que decretaron el embargo de los pagos que sus empresas reciben del Ayuntamiento de Alicante por servicios prestados haya decidido suspender la orden. Y lo ha hecho, según las fuentes consultadas, tras atender el recurso que había presentado el promotor alegando que la retención de estos pagos podía suponer la «asfixia financiera» de las mercantiles afectadas, que son las que se encargan de la limpieza de los colegios y de las dependencias municipales, junto al mantenimiento del cementerio.
De esta forma, Ortiz se anota una primera victoria en la batalla que mantiene con el Sabadell, que le reclama el pago de casi 140 millones de euros por los créditos impagados del Grupo Urbanika, la mercantil que el empresario creó para, entre otras cosas, desarrollar el polémico Plan Rabasa. Eso sí, una victoria todavía relativa porque otros dos juzgados ya han despachado órdenes de embargo contra las empresas del constructor que, según fuentes municipales, aún no han llegado de forma oficial al Ayuntamiento. Se trata de las órdenes de embargo que los juzgados número 11 y 12 de Primera Instancia han decretado por el mismo motivo, además de tener pendientes la resolución de, al menos, otras 14 demandas.
Como avanzó este diario, el banco decidió presentar hace aproximadamente un mes una batería de demandas ejecutivas, hasta un total de 17, para reclamar judicialmente la deuda que Urbanika mantiene con la entidad, fruto de los créditos que en su día la concedió la CAM. Además de dirigirse contra la propia Urbanika y sus filiales, el banco optó por asegurarse el cobro actuando también contra los avalistas de los préstamos, entre ellos, contra el propio Enrique Ortiz y el resto de sus empresas que no forman parte de Urbanika.
El resultado fueron las citadas órdenes de embargo de las mensualidades que el Ayuntamiento de Alicante abona a las contratas que tienen adjudicadas las firmas del promotor, que sólo en el caso de la limpieza de los colegios y dependencias municipales y el mantenimiento del cementerio ascienden a unos 750.000 euros al mes. El empresario también tiene una participación en la UTE que se encarga de la recogida de la basura y limpieza viaria, que en su conjunto recibe unos 3 millones de euros al mes por el servicio.
Ortiz y el Sabadell mantenían conversaciones desde hace tiempo para alcanzar un acuerdo sobre la deuda de la mercantil mediante el pago de la misma con los activos de la firma -básicamente, terrenos repartidos por toda la provincia- pero los desacuerdos sobre la tasación del suelo impidieron cerrar un pacto. Ante esta situación, el banco decidió ejercer sus derechos y exigir legalmente el pago en los juzgados.
Fuentes municipales confirmaron ayer que el Ayuntamiento de Alicante ha recibido el oficio del Juzgado de Primera Instancia de Alicante, con fecha del pasado 14 de febrero, por el que se informa que se «deja sin efecto» el embargo sobre las sociedades de Ortiz. Las mismas fuentes aseguran que al Consistorio no han llegado todavía las otras dos órdenes despachadas ya por otros juzgados de Primera Instancia. Así que, por el momento, el tripartito queda eximido de consignar en la cuenta bancaria del Sabadell el pago mensual de los servicios que las empresas del constructor ofrecen al Ayuntamiento de Alicante, como la limpieza de colegios y dependencias municipales.
