Servicios sociales saturados, ayudas ineficaces y nuevos sectores vulnerables que están quedando excluidos de los recursos que ofrecen las administraciones para salir del hoyo.
Este es el negro panorama que dibuja el Síndic de Greuges, José Cholbi, en su reciente informe sobre «El papel de los servicios sociales generales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los municipios valencianos durante la crisis», realizado a partir de cuestionarios enviados a los trabajadores de los centros sociales municipales. El estudio ha sido elaborado por Ángel Luna, adjunto primero del Síndic de Greuges, en colaboración con Carlos Gómez Gil, profesor del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante.
En este estudio se constata cómo en estos años de crisis ha emergido una nueva figura, la del trabajador pobre, que sin embargo está quedando excluida de la cobertura de los servicios sociales. «Durante los últimos años, los servicios sociales municipales ha tenido que atender a un elevado número de familias con trabajo, pero tan precario y mal remunerado que les imposibilitaba hacer frente a los gastos básicos de vivienda y a los recibos de suministro de electricidad, agua o gas». Sin embargo, incide el Síndic, «percibir ingresos, por bajos que estos fueran, les imposibilitaba en muchos casos acceder a ninguna ayuda, lo que en ocasiones ha generado la pérdida de la vivienda habitual por impago de la misma». En paralelo, el sistema de prestaciones sociales público «sigue estando concebido para una tipología anterior a la crisis y vinculada a situaciones extremas de marginación y exclusión».
Sindicatos como CC OO y UGT llevan tiempo alertando del aumento de esa nueva figura del trabajador pobre, con salarios que en algunos casos no llegan a los 400 euros al mes y vinculados a sectores como la hostelería, el cuidado de personas mayores y dependientes y la limpieza.
Ante este panorama, el trabajo del Síndic concluye que los equipos base municipales se encuentran desbordados. «Deben resolver situaciones de emergencia para las que no tienen recursos ni servicios adecuados», señala el Síndic, quien alerta del el esfuerzo que han tenido que realizar aportando más recursos, «mientras veían que la Generalitat disminuía significativamente sus aportaciones». El trabajo también critica el sobreesfuerzo que han tenido que hacer los ayuntamientos para asumir las competencias de la Ley de Dependencia y la Renta Garantizada de Ciudadanía, «observándose una transferencia de responsabilidades hacia los municipios pero sin acompañarse de los medios técnicos y humanos y los recursos imprescindibles para asegurarse la adecuada gestión de los mismos». Durante estos años, y ante esta situación de colapso de los servicios sociales, el papel de las ONG ha sido determinante a la hora de atender a las familias más golpeadas por la crisis. Sin embargo, añade el Síndic, «ha existido un proceso preocupante de derivación hacia estas organizaciones sociales de la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, desapareciendo el concepto de derecho subjetivo en los servicios sociales, que ha sido sustituido por otro más cercano a la beneficencia». En este punto, el Síndic es muy crítico y señala que existe «una creciente dejación de algunas responsabilidades básicas públicas, imponiéndose la idea de que las personas en situación de pobreza deben ser atendidas por las ONG». También critica que no existen prestaciones inmediatas, rápidas y ágiles para familias con menores en situación de riesgo. Respecto a la Renta Garantizada, la tacha de «instrumento inoperativo, un auténtico cuello de botella en los servicios sociales.
