Un jurado popular tendría que crimen de María del Carmen Martínez en caso de que llegue a juicio. La Ley del de Jurado, que regula desde 1995 estos procedimientos en España, prevé que para los casos de asesinato intervengan estos tribunales populares. La legislación vigente otorga competencias a los tribunales de jurado para resolver sobre trece delitos: homicidio o asesinato, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y la infidelidad en la custodia de los presos.

En el sistema español, son nueve hombres o mujeres, más dos suplentes, los que tienen que decidir sobre los hechos que han quedado probados en el juicio. Un sorteo celebrado mediante una aplicación informática sobre el censo es la que se encarga de seleccionar a los jurados. Entre los requisitos para formar parte de ellos, está el ser español, mayor de edad, carecer de antecedentes penales, saber leer y escribir y no tener impedimentos físicos y psíquicos. Están excluidos autoridades del Estado, como jueces, fiscales o miembros de las Fuerzas de Seguridad, así como aquellas personas mayores de 65 años. Precisamente, uno de los problemas que suelen encontrarse en la Audiencia de Alicante a la hora de formar jurados es precisamente que muchos de los elegidos en el sorteo son mayores de 65 años, precisamente por el envejecimiento de la población.

Los profesionales de la Justicia suelen mostrar su desconfianza hacia esa institución y durante años ha sido habitual tratar de desviar la intervención del jurado imputando a los acusados otros delitos para los que no está prevista su intervención. Desde el año 2010, el Tribunal Supremo amplió los criterios para la intervención del jurado, de tal manera que, cuando hay delitos conexos, la infracción principal será la que marque la intervención del tribunal popular. Como consecuencia de esta sentencia del Alto Tribunal, durante los últimos años han subido los juicios con jurado en la Audiencia Provincial.

Otro problemas que suelen tener los juicios con jurado en asuntos que han sido mediáticos es la dificultad de encontrar candidatos que no hayan tenido conocimiento alguno sobre los hechos. A la hora de seleccionar a los miembros, una de las preguntas clave por las partes es saber lo que conocen los candidatos sobre el proceso por lo que han podido leer en medios de comunicación.

Un asunto mediático sobre el que va a tener que pronunciarse un jurado popular es el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, presuntamente a manos de sicarios que habrían sido contratados por su sucesor en el cargo, Juan Cano, según las tesis de las acusaciones. En el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM, desde un primer momento una de las hipótesis que se barajó en un primer momento es que el asesinato fuera obra de un pistolero profesional, hecho que ha ido perdiendo fuerza.