Malas noticias para el empresario Enrique Ortiz. El Banco Sabadell ha decidido no esperar más y ha presentado en los juzgados una batería de demandas ejecutivas para reclamarle todo lo que le debe a través del Grupo Urbanika, la compañía que el promotor creó para desarrollar, entre otros proyectos, el polémico Plan Rabasa en la ciudad de Alicante.
En total, la entidad le estaría solicitando alrededor de 140 millones de euros de diversos créditos impagados que el banco heredó en su día de la CAM, la mayoría para financiar la compra de suelo y otras operaciones urbanísticas, aunque ayer el empresario sólo admitió a preguntas de este diario una reclamación de 25 millones de euros por la hipoteca de diversos terrenos en Rabasa y La Condomina.
Como ya publicó este diario, tras la anulación del plan urbanístico y de la ATE que debía permitir la construcción de un macrocentro comercial impulsado por Ikea, el Sabadell y Ortiz estaban negociando la forma de cancelar la importante deuda que Urbanika acumulaba con la entidad. Entre otras cosas, porque el banco no quería quedarse con unos terrenos, los de Rabasa, que carecen prácticamente de valor, una vez que todo apunta a que no van a ser recalificados. Por eso, una de las fórmulas que se barajaba era la cesión de otros activos del grupo mejor posicionados ya que la intención del banco siempre fue solucionar el global de la deuda de la compañía.
Contra los avalistas
Sin embargo, ante la falta de acuerdo, la entidad parece haberse quedado sin paciencia y ha decidido actuar. Para ello presentó hace poco más de un mes una batería de demandas ejecutivas -de las que varias ya están admitidas a trámite y otras en proceso- en las que reclama las garantías hipotecarias pero también se dirige contra los avalistas de estos créditos, entre los que se encontrarían otras compañías de Enrique Ortiz e, incluso, según las fuentes consultadas, el propio promotor a título personal.
De prosperar, el banco se acabaría convirtiendo en el propietario de buena parte de los terrenos de Rabasa, sobre los que se llegó a proyectar la construcción de más de 13.000 viviendas, aunque hoy en día siguen teniendo la calificación de rústicos. En su día la CAM llegó a conceder una hipoteca de 90 millones de euros, aunque a finales de 2015 la cifra ya se había reducido a unos 40 millones de euros, después de que los socios de Ortiz hubieran pagado su parte. Si se hubiera ejecutado el proyecto de Ikea, las cantidades pagadas por la multinacional sueca habrían ido a cancelar el crédito sobre estos terrenos, algo que no llegó a ocurrir.
En cualquier caso, la hipoteca de Rabasa sería sólo una parte de la deuda del grupo con el Sabadell, ya que durante los años del «boom» Urbanika se dedicó a comprar terrenos por toda la provincia y acumuló una ingente deuda que, en el caso del Sabadell, rondaría ahora los 140 millones de euros. No obstante, sus mayores acreedores fueron las entidades que se sumaron al accionariado de la firma -Bancaja y Banco de Valencia-, una deuda que más tarde acabó en manos de la Sareb, a la que en 2015 aún debía 466 millones, según las propias cuentas que la compañía presentó al Registro Mercantil.
La ejecución de los avales supondría que, además de los bienes de Urbanika, el Sabadell también podría acabar embargando propiedades de otras firmas del constructor o, incluso, de su patrimonio personal.
Desacuerdo en la tasación
Enrique Ortiz reconoció ayer la reclamación de deuda del Sabadell, aunque la limitó a una única demanda por importe de 25 millones, que se correspondería con la hipoteca de varios terrenos en Rabasa y La Condomina. El promotor señaló que el problema son las discrepancias que mantiene con la entidad sobre la tasación de estos suelos -el banco pretendería valorarlos en cero euros y cobrar toda la deuda con otros activos, según la versión de Ortiz-, y trató de restar importancia al desencuentro. Así, señaló que se sigue negociando y que confía en poder llegar a un acuerdo con la entidad sin necesidad de que el proceso judicial prospere.
Por su parte, el Sabadell declinó ayer realizar ningún comentario sobre la cuestión, tras la preguntas de este diario. Sea como sea, las posibles pérdidas que le ocasionara esta operación, en el caso de no poder recuperar la totalidad del préstamo, estarían cubiertas por el Esquema de Protección de Activos que el Banco de España concedió a la entidad para ayudarle a digerir los activos tóxicos procedentes de la CAM. Esto significa que el Fondo de Garantía de Depósitos asumiría el 80% de estas pérdidas, mientras que el banco se haría cargo del restante 20%.
