Invitado por la Asociación Católica de Propagandistas de Alicante, el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y miembro de la Real Academia de la Jurisprudencia, Remigio Beneyto, expuso ayer en Alicante su convicción de que el nuevo decreto del Consell que regula los conciertos educativos «es recurrible y se tiene que recurrir en el contencioso administrativo ante los tribunales y, si es preciso, ante el Constitucional e incluso el Tribunal de Derechos Humanos, porque ataca derechos fundamentales», dijo.
Beneyto incluye en estos parámetros la libertad de elección de centro « porque sin ella no hay posibilidad de desarrollar la libertad de enseñanza», que ya contemplan la propia Constitución y las leyes internacionales también, como cita el catedrático.
Este experto quita la razón al conseller Vicente Marzà cuando hace la distinción entre enseñanza obligatoria y postobligatoria, y proclama la potestad de la Administración a la hora de planificar los Bachilleratos y la Formación Profesional, en función de las necesidades educativas de cada zona y primando la enseñanza pública.
El catedrático sostiene que la enseñanza «está generalizada en la práctica desde los 3 años a los 18 años», que ese es el derecho fundamental , y entiende que una administración, como en este caso el Consell, «no tiene potestad» para limitar en edades la libertad de enseñanza.
«Según diversas sentencias, la concreción de las necesidades reales de escolarización no está atribuida a la Administración sino al legislador, porque no puede ser lo que decida la administración cada momento». Afirma que dicha planificación «debe completarse con la jurisprudencia, a través de los recursos que se interponen. Esto judicializa la enseñanza pero no hay más remedio» aprecia el experto jurista.
Supresiones
Tras retrotraerse en el tiempo al mes de abril del curso pasado, cuando empezaron a conocerse las primeras supresiones de aulas concertadas, Beneyto lanzó a los asistentes en el salón de conferencias del colegio CEU Jesús María la necesidad de una «unión entre toda la enseñanza concertada,, con un liderazgo claro y la creación de opinión desde juristas, profesores y padres, para propiciar encuentros con los partidos políticos y favorecer acuerdos». El diálogo -sostuvo- «es tan fundamental como el ejercicio de manifestación, que no debe descartarse de manera pacífica para mostrar a los poderes públicos la fuerza que tenemos y lo que queremos» concluyó.
Firme defensor de la enseñanza concertada, concreta que lo que defiende «a ultranza», es «la libertad de enseñanza» sobre lo que ve «problemas» en la Comunidad. La cosa se ha complicado por los pactos del PSOE con Compromís», sentenció.
