El pleno de las Cortes Valencianas aprobó ayer, con los votos a favor del PSPV, Compromís, Podemos y C's, el proyecto de la Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat, por 61 votos y con el único voto en contra del PP. El parlamento valenciano rechazó la totalidad de las enmiendas presentadas por el PP y C's y aprobado una de Podemos por la que se crea una comisión de seguimiento específica para luchar contra la pobreza energética con la representación de movimientos sociales, representantes de los departamentos autonómicos y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Entre las novedades de la legislación es que el Consell podrá apropiarse durante un periodo de cinco años las viviendas vacías de los propietarios con más de diez pisos (fundamentalmente bancos) que no acepten cederlas a la red de alquiler social de la Generalitat. Una norma similar puso en marcha Andalucía y acabó tumbada por el Tribunal Constitucional.
Durante la defensa del texto, el diputado de Podemos, César Jiménez, destacó que con la aprobación de esta ley "se pone en marcha un reloj que hace tiempo se tenía que haber puesto para dar solución familias tienen que ver cómo se van fuera de casa".
Tras agradecer a la Plataforma Antidesahucios sus aportaciones y el impulso que han dado para la aprobación de la norma, ha valorado que el texto cuente "con muchos mecanismos y engranajes" para funcionar coordinadamente. "Seguiremos colaborando para que cuando se ponga en marcha la ley se pueda mejorar su aplicación", ha dicho.
En similares términos se pronunció la diputada de Compromís Belén Bachero, quien ha calificado la jornada de día "histórico" porque las Cortes dan "un paso hacia adelante" para garantizar el derecho de la vivienda que el gobierno de Mariano Rajoy con "su mayoría absoluta y su rodillo "vulneró".
Desde C's, María José García remarcó que su formación considera esta norma como "fundamental", pero ha lamentado que presenta "un inconveniente" y es que "nace herida de muerte" porque no está "en armonía con la Constitución española". "No podemos legislar donde no hay competencias", ha recordado García para advertir de que algunos artículos presentan "visos de inconstitucionalidad" porque "vulneran la seguridad jurídica". Por tanto, desde C's han instado al Consell a que "hagan eco de su carácter dialogante y permitan hacer y participar a todos de ese texto con un consenso".
Por su parte, el diputado del PSOE Rafael Briet pidió el voto favorable a todos los diputados porque con la norma se "reafirma el derecho de una vivienda digna". "Con esta ley trasladamos la voz de la calle a una norma jurídica y damos respuesta a la situación de muchas familias a las que nunca se les había escuchado", ha manifestado el diputado socialista, quien ha reivindicado que esta ley "evidencia que el Consell no es indiferente ni se queda al margen problemas de la gente, sino que es participe de ellos". Briet ha defendido que "complementar no significa interferir", por lo que ha puntualizado que complementar la ley estatal con esta norma autonómica no supone la existencia de inconstitucionalidad ni contradicción.
Para la diputada del PP, Elisa Díaz, en año y medio el Consell no ha llevado a las Cortes "una ley en condiciones". "Esto es la ley Frankenstein", criticó la diputada 'popular', quien añadió que: "Sus promesas les han llevado a un presidente sumiso a los pies de un radicalismo más rancio de la izquierda.
Eso es demoledor y esas ideas se han plasmado en papel sin que se puedan cumplir". Para Díaz, la ley "discrimina" porque "no reconoce el derecho a la vivienda de todas las personas porque solo se garantizará el inmueble a quien cumpla los requisitos que marca la norma". "¿Quién ha puesto esta pieza? ¿Es rojo, morado o naranja?", se ha preguntado.
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio, María José Salvador, destacó que la norma aprobada es "la primera ley debatida y votada en las Cortes" y valoró que con la norma se plasma la convicción del Consell por garantizar el derecho de la vivienda. "Damos un paso hacia adelante en considerar la vivienda como un derecho subjetivo. Es un paso importantísimo porque la Vivienda es un derecho nuclear y prioritario", ha remarcado.
Ha recordado que la ley supone movilizar todo el stock de viviendas vacías que hay en la Comunidad para que las personas que han demandado una vivienda social, las que han perdido su casa por no poder pagar su hipoteca por una situación económica sobrevenida y las desahuciadas, puedan disponer de un inmueble.
Asimismo, recordó que se creará un registro de Vivienda para que las entidades financieras pongan los inmuebles vacíos al servicio del alquiler social. "También a los propietarios particulares queremos darles cobertura con una fianza y ayudas a la reforma y rehabilitación", subrayó. En caso contrario, Salvador apuntó que la ley contempla multas y sanciones hacia los bancos que no se sumen a este registro de hasta 30.000 euros.... si no acaban en el Constitucional como sucedió con esa parte de la Ley andaluza de Vivienda.
