Más de 6.000 alumnos matriculados en Bachillerato y Formación Profesional en centros concertados tienen sus plazas en el aire, pendientes de que la Conselleria de Educación conceda o no las correspondientes subvenciones porque, de entrada, la totalidad de estos conciertos educativos se dan por extinguidos y hay que pedirlos de nuevo.
Así lo contempla el nuevo decreto que regula los conciertos educativos aprobado ayer por el Consell, que da un plazo de 30 días a los centros para solicitar todos estos conciertos a partir de que se publique la normativa en el DOGV en los próximos días, como confirmó el conseller, Vicent Marzà.
«En el nuevo decreto la renovación de los conciertos singulares -de las enseñanzas no obligatorias, como son el Bachillerato y la FP-, no es automática, sino que se dan por extinguidos y a partir de ahí se determinarán los que sean necesarios», concretó el conseller.
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Marzà ha vuelto a insistir en que estos conciertos se concederán según las «necesidades reales», porque «son para donde no llegue la enseñanza pública, para completar la oferta», entendida como «un servicio público a la ciudadanía». Ahora bien, el conseller precisó que se refiere exclusivamente a los conciertos singulares, que no es enseñanza obligatoria, «y por tanto es competencia de la Administración la oferta que se haga. Nosotros la determinaremos y si no hay suficiente oferta pública, veremos la necesidad de concertar».
A tenor del nuevo decreto, las más de 200 aulas de Bachillerato y FP actualmente concertadas en toda la provincia están en el aire para el curso que viene.
La normativa exige una serie de requisitos, además, que regirán la decisión de la conselleria en el caso de que se presenten más solicitudes de conciertos de las necesarias para cubrir la oferta. La ratio, que aumenta cinco alumnos por aula para tener derecho al concierto de entrada, responde a la estimación que ya ha hecho Educación sobre la ratio general que hay en los centros públicos. Marzá concretó que se ha querido «homogeneizarla» en todos los centros por igual.
El resto de criterios que marcarán la preferencia a la hora de conceder estos conciertos apuntan a que la petición proceda de una cooperativa de enseñanza, «como modelos de economía socia sostenible»; que procedan de empresas históricamente concertadas, incluso «antes de que se generalizara el sistema público educativo»; que atiendan a alumnos desfavorecidos económica y socialmente, por lo que precisan enseñanza compensatoria; que se acrediten experiencias educativas innovadoras por los centros solicitantes, a juicio de la dirección general de Política Educativa; que se trate de colegios que atienden a los alumnos que viven en su mismo distrito escolar; y que los que pidan conciertos contraten a profesorado despedido a consecuencia de la supresión de aulas subvencionadas.
Profesores
Desde el sindicato docente mayoritario de los centros concertados, Fsie, José Gabriel Alfonso añade la «honda preocupación» del sector ante las consecuencias del nuevo decreto, así como su «decisión firme de defender la libertad de elección de la educación por los padres y los puestos de trabajo en juego».
Fsie calcula que más de 300 profesores tienen por ello su puesto de trabajo también en el aire en toda la provincia, 150 aproximadamente de Bachillerato y otros 180 de FP.
