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Díaz Alperi pide al juez del PGOU que le aclare por qué le procesa

El exalcalde plantea que le expliquen las contraprestaciones por las supuestas dádivas, qué información privilegiada ha facilitado y a qué técnicos ha presionado

El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi ha pedido al juez que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana para que le aclaren cuáles son los delitos por los que se le procesa. En el auto por el que también lleva al banquillo a Sonia Castedo y al empresario Enrique Ortiz, el juez Manrique Tejada ve indicios de delito de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en la actuación del exdirigente municipal.

En el escrito presentado al juzgado por el abogado Vicente Grima, se asegura que en la «extensa resolución» echa en falta que se expliciten los hechos que se le imputan a Alperi, algo que el letrado considera una exigencia para el derecho de defensa. «Sólo si se mencionan, podrán ser contradichas por el imputado», explica. Por ello, consideran necesarias esas aclaraciones antes de decidir si recurren o no el auto. En esta línea, han reclamado al magistrado que aclare qué tipo secretos o informaciones reservadas habría podido revelar el exalcalde; qué influencias se le atribuyen y sobre qué funcionarios; y por último que se concrete a cambio de qué pudo recibir las supuestas dádivas que le atribuye el juzgado en el auto.

Entre las dádivas presuntamente recibidas por Díaz Alperi, estaría un viaje a Creta en jet privado y la entrega de 230.000 euros en efectivo en su domicilio particular por parte empleados de Ortiz y que estarían destinados al pago de los bungalows de sus hijos.

Otro de los imputados que ha pedido aclaraciones al juez es el redactor del Plan General, Jesús Quesada. La defensa del arquitecto plantea que le expliquen si está imputado por un delito de tráfico de influencias. Inicialmente, en el auto el juez sólo habla de la revelación de información privilegiada y posteriormente le imputa los dos delitos.

Asimismo, los abogados de dos de los trabajadores de Ortiz procesados por hacer entregas de dinero en casa de Alperi, Santiago Bernáldez y Pablo Rico, han recurrido el auto del juez al plantear que los hechos estarían prescritos para ellos y por tanto reclamar el sobreseimiento.

El magistrado ya archivó la causa para ellos al entender que los hechos estaban prescritos pero, tras los recursos de las acusaciones, la Audiencia obligó a volver a imputarles al entender que el tipo de cohecho que se les atribuye no se había concretado y por tanto era prematuro hablar de estas cuestiones hasta que no finalizara la instrucción.

El abogado Ignacio Gally, que representa a Bernáldez, recuerda que la instrucción judicial ha concluido, sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya supuesto cambio alguno en las investigaciones. «Si la false de instrucción ha concluido y nada ha cambiado, ya no es prematura la decisión de acordar el sobreseimiento por prescripción», plantea el letrado. Las defensas inciden en que no hay constancia de qué conducta delictiva habría realizado Alperi a cambio de la contraprestación y que tampoco consta que los acusados conocieran cuál era el destino que Ortiz iba a dar a ese dinero.

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