Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Lo que Castedo «apañó» a Ortiz

El juez del PGOU sostiene en el auto de procesamiento que el Ayuntamiento trató de beneficiar a Ortiz

Lo que Castedo «apañó» a Ortiz

El juez que ha investigado las presuntas irregularidades en la tramitación del plan general sostiene que desde el Ayuntamiento de Alicante se tomaron decisiones para beneficiar al empresario Enrique Ortiz con la participación de quienes son responsables de las decisiones técnicas y políticas, según argumenta en el auto de procesamiento por el que llevará al banquillo a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo junto a Ortiz, entre otros acusados. El auto se ha dictado esta semana y procesa a un total de diez personas por los presuntos amaños del PGOUPGOU. El magistrado se centra en su exposición en tres puntos: el sector Las Lomas, los alrededores del Rico Pérez y el plan Torres de la Huerta, aunque considera que los investigados tuvieron un idéntico modo de actuar en sectores como Cerámica La Florida, el APA9 y Pino Ruaya.

Para introducir cómo se actuó en estas zonas, el juez recuerda una reunión que mantuvo el empresario con el equipo redactor del PGOU en la gerencia de Urbanismo el 15 de mayo de 2008 cuando el plan todavía era reservado. El magistrado Manrique Tejada agrega que tras esa reunión, Castedo (entonces concejal de Urbanismo) llamó a Ortiz (el 21 de mayo) para decirle que: «te hemos apañado lo del APA 9 y también lo del Rico Pérez». Una conversación que el magistrado reproduce varias veces a lo largo del auto para dar cuenta de la complicidad entre el empresario y las máximas autoridades municipales.

El juez subraya que una de las zonas a las que se alude en esa conversación es el conocido como el sector Las Lomas, con una superficie de 197.509 metros cuadrados y destinado a viviendas que no superen las nueve plantas. Tejada se remonta a los anteriores planeamientos y señala que en el plan presentado por el arquitecto Lluis Cantallops en 2004, descartado por el Ayuntamiento, esa franja tenía la clasificación de no urbanizable. El auto expone que existen indicios de que el cambio se debió a la influencia ejercida por el promotor sobre el redactor del plan, Jesús Quesada y Sonia Castedo, con la intervención de Alperi. Las gestiones con Castedo también le habrían permitido desplazar un vial que incrementaría la edificabilidad en el sector.

Otros cambios en el PGOU buscados por el empresario se refieren al entorno del Estadio José Rico Pérez. Ortiz estaba obligado a invertir 4,2 millones para la rehabilitación del campo de fútbol, dinero que buscaba obtener a costa de aprovechamientos urbanísticos en otras zonas, concretamente en la calle Ceres, que en el plan de Cantallops se proyectó a equipamientos. El auto relata que el rechazo social que genera el proyecto, donde se llegó a intentar proyectar una zona comercial de 45.000 metros cuadrados en las inmediaciones al margen del PGOU, obligó a Ortiz a ir cambiando de objetivo en función de las circunstancias externas que iban sucediéndose. Ante la oposición pública, la línea de actuación se trasladó a intentar obtener aprovechamientos urbanísticos en parques naturales, concretamente en Fontcalent, donde empresas ligadas al promotor tenían suelo en propiedad, suelo que se cedería a la Administración para «adscribirlos a los nuevos suelos urbanizables dominados por los investigados».

Unos de los modos usados por Ortiz era la adquisición de suelo en zonas protegidas, con el que en virtud del llamado coeficiente k podía adscribir a otras zonas donde tenía suelo e incrementar la edificabilidad. En Fontcalent, el suelo protegido no estaba asignado a ninguna zona concreta y estaba considerado como reserva. Esto facilitó, razona el juez, que se pudiera adscribir cualquier suelo urbanizable para materializar el beneficio inmediato preciso para la rehabilitación del Estadio. El rechazo social frustró los planes del promotor en el estadio.

Otra de las zonas bajo sospecha es Torres de la Huerta, donde el promotor pretendía obtener el máximo de edificabilidad gracias al suelo adquirido en los Saladares de Aguamarga. El plan de Torres de la Huerta contaba con 2,5 millones de metros cuadrados, que estaban adscritos a una superficie de dos millones en el parque natural. El juez arguye que se redujeron notablemente los metros cuadrados adscritos a ese sector, lo que beneficiaba al investigado en sus intereses en Torres de la Huerta. El juez Tejada señala que las conversaciones telefónicas apuntan a que Ortiz aseguraba estar en disposición de influir para determinar la calificación del suelo de manera que pueda beneficiarle. El juez se refiere a conversaciones en las que Ortiz habla del color que deben pintarse las parcelas en los planos (azul o verde).

Compartir el artículo

stats