La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo ha recurrido hoy el auto judicial que la procesa por las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad al considerar que esa acusación se "mueve en el terreno de la especulación".

"A día de hoy los presuntos delitos no han quedado determinados", señala el recurso presentado por el abogado defensor de Castedo, Juan José Martínez Albert, al que ha tenido acceso EFE.

En su opinión, el auto solo contiene "palabras" y está "construido sobre la base inferencias y deducciones entresacadas de conversaciones telefónicas, no sobre hechos objetivos de los que se desprenda una conclusión cierta".

El titular del juzgado de Instrucción 5 de Alicante, Manrique Tejada, dictó el pasado martes un auto en el que acusa a Castedo, su predecesor en la Alcaldía de Alicante, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, y al constructor Enrique Ortiz, por delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada.

El magistrado ha concluido que formaban parte, junto a otros siete implicados, de una "trama organizada""trama organizada" al servicio de Ortiz para favorecer sus intereses empresariales en el nuevo diseño urbanístico de la ciudad.

El instructor sostiene que la exconcejal de Urbanismo y sucesora de Alperi en la Alcaldía influyó en el arquitecto redactor del PGOU, el también imputado Jesús Quesada, para enriquecer al empresario, facilitó a éste datos secretos del nuevo planeamiento urbano y recibió de Ortiz como contraprestación varios viajes vacaciones y un coche, entre otros regalos.

La defensa de Castedo ha recurrido ese auto, que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, con el argumento de que la investigación no ha permitido concretar los indicios en su contra. "Solo subsisten sospechas o conjeturas genéricas", apunta el recurso de reforma planteado ante el propio instructor, por lo que el "sobreseimiento o archivo previo (de la causa) son obligados".

En esta línea, añade, "nadie puede someter a una persona a un juicio trasladando al tribunal sentenciador una situación inadecuada y gravosa para este último, afectando, además, el derecho a la presunción de inocencia del imputado al someterlo a la llamada pena del banquillo".

Abunda el recurso en que el magistrado no ha identificado los indicios delictivos por los que podría ser juzgada su clienta e insiste en que todo "se mueve en el terreno de la especulación y se sostiene artificialmente sobre deducciones con nula base cierta y desmentidas por otros hechos".

En este sentido, la defensa de Castedo replica al juez que su auto "toma como base exclusiva determinadas conversaciones telefónicas y sobre ellas construye una teoría, la fuerza, aunque la misma no se corresponda con la realidad".

Sobre el delito de tráfico de influencias, el recurso expone que el propio auto niega su existencia, y sobre el delito de revelación de información privilegiada apunta que el PGOU es un procedimiento "público y accesible a los interesados" y además no fue aprobado, por lo que no tuvo efectos.

Por último, rechaza los indicios de un delito de cohecho contra la exalcaldesa, pues ésta presentó facturas que avalan el pago del coche y los viajes a Andorra, mientras que circunscribe las vacaciones estivales en Ibiza de Castedo y su familia en un yate de Ortiz a un "acto de cortesía sin valor económico alguno".

El recurso de Castedo es uno de los primeros que se presentan contra el auto del juez Tejada en esta pieza derivada del 'caso Brugal'. El resto de los encausados van a recurrir ese escrito ante el propio magistrado o bien directamente, en fase de apelación, ante la Audiencia Provincial de Alicante en los próximos días, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.