El mismo abogado que acaba de solicitar al magistrado Manrique Tejada que su cliente, el promotor de Elche Ramón Salvador Águeda,declare de nuevo en el proceso abierto por los presuntos amaños del PGOU con la pretensión de obtener una rebaja en la pena a cambio de facilitar información de relevancia, ya utilizó la misma táctica con el empresario Enrique Ortiz, procesado al igual que Salvador en esta causa.
Valiéndose de la intermediación de este letrado, el propietario de Cívica mantuvo en los primeros meses de 2015 dos reuniones con los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Alicante que le han estado investigando tanto en este asunto como en el recientemente archivado de la tramitación del plan Rabasa.
Los dos encuentros se produjeron a instancias de Ortiz. El primero con uno de los mandos de la brigada y el segundo con dos. Este abogado ya había intentado dos años antes que Ortiz se sentara con los agentes, lo que no fue posible por la negativa del empresario.
De las dos citas estuvo informado en todo momento el fiscal Anticorrupción Felipe Briones aunque no así los magistrados que instruían los asuntos en los que Ortiz estaba siendo investigado, lo que provocó que uno de ellos, el actual presidente de la Audiencia y entonces instructor del caso Rabasa, Juan Carlos Cerón, pidiera explicaciones a la Policía tras presentar un escrito de queja los abogados de la exalcaldesa Sonia Castedo, procesada al igual que los empresarios en el proceso del PGOU junto a, entre otros, su antecesor Luis Díaz Alperi. El magistrado Tejada, por contra, no vio irregularidad alguna en la actuación de la Policía, que acabó siendo refrendada.
En aquella ocasión, como ahora ocurre con la intención de Salvador Águeda de volver a declarar, lo que se puso sobre la mesa fue la posibilidad de rebajar la petición de pena para Ortiz a cambio de que admitiera algunos de los hechos que se le imputaban y facilitara información que ayudara a los investigadores. La negativa de Ortiz a responsabilizarse de alguna de las actuaciones que se le atribuyen y el que estos encuentros saltaran a la opinión pública dio al traste con las citas sin que se alcanzara resultado alguno.
Fuentes próximas al caso ratificaron ayer la pretensión de Salvador Águeda de comparecer de nuevo ante el instructor del PGOU, de la que ayer informó este diario. Una declaración que posibilita la ley aunque ya se haya dictado el auto que pone fin de la instrucción, lo que el juez notificó a las partes este martes.
El paso dado por el promotor ilicitano, quien se ya se presentó en la Comisaría en 2011 para declarar por estos hechos cuando tuvo conocimiento por los medios de comunicación de que se le estaba investigando, podría repercutir en la situación del resto de los procesados, algunos de cuyos abogados han mostrado su intranquilidad ante esta iniciativa.
En la decisión de Águeda de volver al juzgado, donde en noviembre de 2011 validó una conversación de Ortiz en la que aseguraba tener los planos del PGOU meses antes de que estos fueran públicos, podría haber pesado el hecho que se encuentre inmerso en varios procesos penales que le pueden complicar la vida. Algo similar a lo que debió mover a Ortiz a admitir que ayudó a financiar ilegalmente al PP a cambio de pactar una pena que le libra de la cárcel.
