El empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, procesado por cohecho y aprovechamiento de información privilegiada en el proceso abierto por los presuntos amaños en el PGOU de Alicante, quiere hablar. Y quiere hacerlo ante el magistrado que ha instruido el caso, Manrique Tejada, quien este martes ha notificado a las partes el auto por el que da por finalizada la investigación y plantea que se juzgue, además de al propio Salvador y entre otros, a los dos últimos alcaldes populares de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, al empresario Enrique Ortiz y a los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la exregidora) y Javier Gutiérrez.
El constructor ilicitano, que ha presentado un escrito en el juzgado solicitando comparecer justo al día siguiente de saber que las actuaciones también continúan para él, fue el primero de la veintena larga de imputados inicialmente en este proceso que se avino a declarar sobre el contenido de los pinchazos telefónicos. En aquella comparecencia, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2011, Salvador Águeda puso en un brete al resto de investigados al validar ante el juez una conversación con Ortiz (ver el anexo que acompaña esta información) en la que el empresario alicantino asegura que tiene los planos del plan general unos meses antes de que fueran públicos.
Todo apunta a que el constructor de Elche, inmerso además de en éste en varios procedimientos penales, busca un acuerdo que le permita rebajar la petición de pena a cambio de contar lo que sabe, información supuestamente relevante que no habría aportado hasta ahora.
Una testifical posible
Fuentes próximas al caso explicaron que la comparecencia del promotor es factible aunque la instrucción se haya cerrado ya que la ley contempla la posibilidad de incorporar al procedimiento nuevos testimonios en el momento en que se inste a la partes a presentar sus escritos de acusación o, por el contrario, solicitar el sobreseimiento.
De materializarse esta declaración, el contenido de la misma podría repercutir en la situación del resto de los procesados. En su primera comparencia, Salvador Águeda dio carta de naturaleza a una charla telefónica mantenida con Ortiz el 25 de agosto de 2008, casi dos meses antes de que el PGOU saliera a exposición pública, lo que ocurrió el 17 de octubre.
En esa llamada el empresario alicantino le asegura a Salvador que tiene planos del PGOU aunque no sabe si entre ellos están lo que le interesan al constructor de Elche: los relativos a unos terrenos que tiene en el límite entre Alicante y San Vicente. Un suelo que estaba declarado no urbanizable, por lo que presentó una alegación a través del bufete del hermano de Castedo y de su socio que le fue estimada.
El interés de Salvador en declarar se suma al de otro de los en principio imputados y hoy fuera del proceso: el empresario valenciano Ricardo Fuster. Investigado por el presunto pago del jet privado en el que Alperi voló a Creta quien, tras pedir comparecer, relató ante su señoría que adelantó el dinero del alquiler del aparato pero que fue un empleado de Ortiz en Valencia quien le devolvió los 35.000 euros que costó el viaje, considerado uno de los cohechos por el juez.
