Apenas unas semanas después de que la Audiencia de Alicante ratificara el archivo del caso Rabasa al concluir que no hubo irregularidad alguna en su tramitación y que desde el Ayuntamiento bajo ningún concepto se intentó beneficiar al empresario Enrique Ortiz, el magistrado Manrique Tejada ha dictado un auto en el que, con contundencia, sostiene todo lo contrario. Referido en esta ocasión al planeamiento urbano de la ciudad (del que el plan Rabasa se desgajó tanto a nivel urbanístico como desde el punto de vista penal, pero con el que desde ambas vertientes mantiene múltiples similitudes, incluso con delitos e implicados comunes), el magistrado no puede ser más claro al concluir que por parte de los dos últimos alcaldes del PP de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, se intentó dar a Ortiz el monopolio del urbanismo de la ciudad a través de una discrecionalidad a la hora de fijar aprovechamientos e índices de edificabilidad que considera delictiva.
Frente al criterio del magistrado que cerró el proceso de Rabasa y del tribunal de la Audiencia que bendijo el carpetazo, jueces para quienes el hecho de que el plan no viera la luz es per se motivo suficiente de exculpación, asevera Tejada en lo relativo al también non nato PGOU que el hecho de que el Ayuntamiento lo aprobara, aunque faltara el refrendo de la Generalitat, es sobradamente representativo de la voluntad municipal. Una voluntad que, precisa, buscaba un interés especulativo bajo la falsa apariencia del interés general. Así de claro lo dice.
También en contraste inevitable con el proceso archivado, no se olvida de incidir el magistrado en un auto extenso y prolijo que ninguna de las acciones que se le atribuyen a Castedo y Alperi fueron gratis. Sin entrar en si los obsequios habían caducado o no, como hicieron su colegas en el asunto de Rabasa como si ese detalle en un caso de presunta corrupción fuera relevante, sostiene que ambos políticos fueron compensados por Ortiz bien con vuelos a bordo de un jet privado, bien con viajes invernales a Andorra y estivales a Ibiza a bordo del yate del empresario o bien con un Mini Cooper.
Porque de lo que no alberga duda alguna el instructor es de las relaciones que existían entre el promotor y los políticos. Mientras que con las mismas intervenciones telefónicas de fondo (esas que ha escuchado todo el país) el tribunal de la Audiencia aseguraba carecer de pruebas para afirmar que Castedo y Ortiz eran amigos (algo reconocido por la propia exregidora en sede judicial), Manrique Tejada sostiene con firmeza que ninguna otra conclusión se puede sacar de familias (la del promotor y la exalcaldesa) que viajan juntas, que agradecen los regalos navideños (Castedo al promotor) o que, en el caso de Alperi, comunica la intención de dimitir como alcalde al que, utilizando las palabras del empresario, llama su amigo.
Argumenta el magistrado en lo que supone un paso más hacia el banquillo de los implicados en este proceso que sólo observando las modificaciones que se iban introduciendo en el plan podía deducirse que se estaban cometiendo una serie de delitos y que ante eso «el instructor no puede mirar hacia otro lado». Ni puede ni debe, lo que no quiere decir que no se haga.
