El auto judicial del PGOU evidencia las conexiones municipales del despacho de abogados del que era socio el hermano de Sonia Castedo. A través de Salvetti Abogados se presentaban las alegaciones al PGOU, mientras que GM Gestión del Suelo se encargaba de resolverlas. En esta última no aparecía José Luis Castedo y sí su socio Javier Gutiérrez. El juez apunta a que desde el despacho se ofrecían servicios referentes a la redacción del PGOU y aporta conversaciones en las que se dice que es el despacho que hay que contratar para que las alegaciones prosperen.
El magistrado apunta que «llama la atención que sin contraprestación alguna se satisfacen determinadas cantidades a la mercantil Andarx Business por determinados servicios recibidos». La empresa estaba vinculada al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y los pagos se hacían en calidad de asesoramiento jurídico y urbanístico. Otra de las mercantiles que hace pagos similares es Convalesa SL, la empresa del Casino de Alicante. «¿Qué sentido tiene que facture por esos servicios urbanísticos una mercantil participada por el señor Alperi, cuando la receptora de dichos servicios es una mercantil que presta servicios urbanísticos?», se pregunta el juez.
Tejada se refiere al despacho de abogados como «la mercantil esponja», que es contratada directamente por el Ayuntamiento de Alicante para resolver alegaciones al Plan General. «Presta cualquier servicio con pagos directos a los señores Alperi, Quesada y Gutiérrez. O sea, recibe dinero por unas facturaciones, unas reales y otras presuntamente no, por determinados servicios, materializados unos sí y otros no, satisfaciendo en paralelo pagos efectivos sin contraprestación directa a terceras personas que le benefician económicamente, facilitándole contratos», argumenta el juez.,
