El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, confía en que no haya injerencias por parte de la Generalitat en la negociación de la libertad de horarios comerciales, después de la sentencia del Tribunal Constitucionalsentencia (TC) que avala que el Gobierno central pueda intervenir la regulación de esta materia en las grandes ciudades. El primer edil señaló que, al margen de lo que ha dictaminado ese fallo, «tenemos el compromiso del conseller [de Economía, Rafael Climent] de respetar lo que decida Alicante y en eso estamos». Con todo, recalcó que el Ayuntamiento «respetará la legalidad» y tendrá en cuenta lo que han determinado los tribunales.

De forma implícita, Echávarri mostraba la impresión de que la sentencia del Constitucional no afectará al desarrollo de las negociaciones, un aspecto en el que venía a coincidir con sus socios de gobierno de Compromís, aunque con una argumentación muy distinta. Para el portavoz de este partido en Alicante, Natxo Bellido, sí hay «una invasión de competencias» al permitir que el Gobierno intervenga en el desarrollo del modelo comercial de Alicante, aunque insistió en que «el paso a seguir es el del diálogo y el consenso». Bellido recordó el objetivo de Compromís de lograr un cambio en la ley estatal gracias a la posición en minoría del PP en el Congreso, aunque, en todo caso, incidió en la negociación a nivel autonómico, y se mostró convencido de que «defenderemos nuestro modelo comercial y de horarios, y se podrán firmar acuerdos diferentes para Alicante y Valencia». Este periódico trató de recabar también, sin éxito, la impresión del vicealcalde de Alicante y portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón.

Menos complacientes con la Conselleria que dirige Rafael Climent se mostraron desde los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante. El portavoz del PP, Luis Barcala, señaló que la sentencia del TC «confirma la tesis que venimos defendiendo» de que «ya hay un modelo consensuado que hay que implantar en toda la ciudad», el de la avenida Maisonnave. El edil insistió en que «hay que sentarse para establecer cómo desarrollarlo» y que entre sus puntos primordiales debe estar «un plan de impulso al pequeño comercio», pero que debe ir «hacia la liberalización total de horarios».

En la misma línea se manifestó Antonio Manresa, portavoz adjunto de Ciudadanos. En su opinión, el fallo del Constitucional «ratifica nuestra postura» de que «el que quiera abrir que abra», pero eso sí, «ayudando antes al pequeño comercio» para que pueda competir con garantías con las grandes superficies. El concejal de la formación naranja consideró que «el alcalde debe tomar nota de la sentencia», la cual crea «un precdente importante». Sin embargo, lamentó, «no hay una entente en el tripartito» ahora mismo, lo cual, auguró, paralizará el desarrollo de un modelo concreto.

Mientras, por parte del pequeño comercio alicantino, las divergencias entre los dos principales colectivos también se hicieron notables. La presidenta de la Federación de Comerciantes y Empresarios de Alicante (Fecoema), María Ángeles Cinos, volvió a mostrarse favorable a una liberalización de los horarios, argumentando que «no puede ser que todo el pastel se lo coma Maisonnave» fijando para esta zona alguna condición especial y agraviando al resto de la ciudad. Por contra, el presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, Domingo Martínez, coincidió con Compromís al aseverar que «lo mejor que se podría hacer es modificar la ley estatal, de forma que no nos condicione tanto». A su juicio, la apertura en festivos «no beneficia al pequeño comercio por los gastos que conlleva», salvo en condiciones concretas, por lo que defendió la idea de delimitar una zona concreta.