El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante ha registrado un escrito de alegaciones en la Dirección General de Comercio y Consumo, firmado por su portavoz Luis Barcala, en el que defiende el hecho de que "la solicitud del Ayuntamiento de Alicante realizada en 2013 (de Zona de Gran Afluencia Turística, ZGAT, que permite abrir los festivos al comercio en el centro de la ciudad y que incluye Maisonnave) se llevó a cabo aplicando la normativa vigente en aquel momento, la cual excluía expresamente el trámite de audiencia por la consideración de municipio turístico". De este modo, salen al paso de la intención anunciada por la Conselleria de Economía de acudir al contencioso-administrativo para solicitar la anulación de la ZGAT aprobada por los populares en 2013.

El PP pretende con estas alegaciones impedir que se aplique una retroactividad que ponga en cuestión lo aplicado desde entonces, excepto los meses en los que el tripartito, con el apoyo de Ciudadanos, prohibió la libertad comercial en Maisonnave. En el escrito registrado, "los populares defienden que la normativa no exigía, en ese momento, para la ZGAT ningún tipo de informes, y como no lo exigía no debe ser anulable".

Barcala deja claro, en el escrito presentado, la oposición del Partido Popular "a la declaración de lesividad para el interés público" que pretende la Conselleria de Economía sobre la resolución de enero de 2013 en la que se declaró ZGAT para todo el año a la zona centro de la ciudad.

Además, aduce en las alegaciones que "el simple anuncio de la tramitación del expediente genera sensación de inseguridad jurídica, toda vez que se pone en duda una tramitación que cumplió todos los requisitos formales vigentes en aquel momento y que pasó todos los filtros exigidos". "¿Cómo puede ser que los actuales gestores autonómicos, en aquel momento en la oposición, no se percataron de las irregularidades que ahora denuncian y no lo impugnaron en su momento? Simplemente porque no existían tales irregularidades", se pregunta.

Sostiene, además el portavoz popular en el Ayuntamiento, que "la única razón para forzar la interpretación hasta el límite y de impulsar el inicio del presente expediente no obedece estrictamente a razonamientos jurídicos sino a criterios políticos, en los que prevalecen los intereses partidistas a los de los ciudadanos". Añade también en el escrito de alegaciones que "cada uno es libre de interpretar la norma a su antojo, forzando a límites sorprendentes su artículado". Pero, pregunta, "¿cómo puede sostenerse que la ley lo que quiso decir es que si el trámite lo inicia de oficio la Conselleria no se necesitan informes, pero que si no lo inicia el Ayuntamiento, que conoce mejor la realidad del municipio, sí se necesitan todos los informes? Es un sinsentido".